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Morir dos veces es posible en la Argentina por Ema Cibotti.

Las muertes en tránsito que enlutan las rutas y calles de nuestro país forman parte lo que a nivel mundial se denomina flagelo vial. Pero nuestra tragedia no termina allí.

Cualquiera podría preguntarse por qué la estadística oficial que arroja una cifra de más de 5.000 muertes por año, no guarda ningún correlato numérico con la investigación y sanción judicial de esos hechos. Hay apenas un puñado de juicios penales por año que concluyen con sanciones en suspenso, porque las de cumplimiento efectivo son ínfimas.

Ante el flagelo vial la justicia responde con una morosidad que se transforma en impunidad. Veamos por qué.

No es el Código, es la práctica judicial la que ha construido con sus fallos un esquema legal de impunidad por el cual, arrollar y matar en tránsito, solo importa la segunda vez.

Este proceso se reitera en todas las provincias. El conductor/a que embiste a un peatón/ciclista/motociclista es demorado entre 2 y 10 horas, según los casos y muy raramente pernocta en la comisaría a cargo. Luego queda en libertad total sin otra restricción que comparecer cuando lo llamen. Puede seguir conduciendo y no se le quita el registro, salvo que lo resuelva el juez/jueza de turno.

A partir de ese momento comienza el calvario para los familiares de las víctimas que están decididas a querellar, porque deben empujar la causa con sus propias fuerzas, buscar peritos, aportar pruebas. Las Fiscalías de Instrucción colaboran poco, algunas inclusive nada, y lo hacen evidente, cuando atienden más rápidamente a la “señora” del autor del hecho, que a la de la víctima. Los duelos también se viven frente a las cámaras de televisión para pedir testigos. Los familiares no pueden refugiarse en la calma de sus hogares para hacer el duelo en paz. No hay paz. El tiempo se detiene pero los años pasan.

Se dilata el primer paso que es la indagatoria. Si después de hacerla, el autor es imputado, luego procesado y la Cámara lo confirma, el conductor/a puede llegar al proceso oral sin limitación alguna para conducir. La fecha del juicio se posterga muy a menudo a causa de las chicanas procesales que los defensores conocen de memoria. Es todo de manual.

Y entonces, un buen día, -cuatro, cinco años después-, el fiscal decide que es oportuno conceder al imputado el beneficio de una probation o suspensión del juicio a prueba. ¡Pero si mató con su accionar a dos personas! No importa. No habrá juicio. El imputado acepta realizar una tarea comunitaria que él mismo elige dónde hacer y que en los hechos no se controla. Durante ese lapso, de un año y medio o dos, no puede conducir. Cumplido este plazo la causa se cierra y queda sobreseído. Como no fue condenado, no le queda ningún antecedente penal. Sin victimario solo queda un particular damnificado. ¡Hasta la condición de víctima le roban al muerto!. Llega el turno de la aseguradora del rodado motor que se hace cargo del eventual reclamo patrimonial.

El sistema judicial no es un freno al flagelo vial, no disuade. Alienta a los violentos al volante.

 

Por Ema Cibotti
Presidenta de ACTIVVAS

 


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