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Confesó que violó y abusó de su hija. Está libre. ¿Justicia?

“Te violé. Lo reconozco. Abusé durante 18 años desde cuando eras bebé”, expresó el pederasta Antonio Cisneros ante la propia mirada de su hija. Romina Balaguer hoy tiene 35 años y vive en España. Volvió a la Argentina a enfrentar a su abusador. Lo encontró en un restaurante. Lo filmó. Cisneros reconoció todas las aberraciones. “La mente es una basura” (sic) se justificó casi irónicamente el pedófilo confeso, sin que su rostro registre emoción alguna, sin interrumpir su cena. Disfrutando en libertad de su vida, tras destrozar la de su hija. Romina lo denunció. Al publicarse el video, Cisneros se escapó. Horas después, recibió con alivio la notificación de la Fiscal del caso, informándole que la causa estaba prescripta. Sigue en libertad. Aún cuando quienes la dispusieron conocen la enorme posibilidad de reincidencia en abusadores sexuales. Nadie lo controla. Nadie asiste a la víctima. Nadie la repara. En 2011, la denominada ley Piazza modificó el Código Penal y dispuso que los delitos de abuso comenzaran a prescribir luego de que la víctima cumpliera la mayoría de edad. En 2015, el Senado Nacional fue más allá y dispuso que los abusos cometidos durante la niñez fueran imprescriptibles hasta que la víctima denunciara. Con estas normas y las que emergen de la Convención sobre los Derechos del Niño fue acertadamente reabierta la causa por los abusos del cura Ilarraz en Entre Ríos. Dado que de lo que se trata es de esclarecer delitos que constituyen “graves violaciones a los Derechos Humanos, y en especial, de la Convención de los Derechos del Niño, cometidos en forma sistemática. Ni más ni menos que las perpetradas por Cisneros contra su hija y confesadas ante las cámaras. Sin embargo, apresuradamente la Fiscal de Olavarría esgrime que la ley penal no puede ser retroactiva ni con un pedófilo confeso. Pero ignora las normas internacionales que la obligan a ejercer la acción en interés superior de la víctima. La pedofilia genera conductas compulsivas y eso es lo que se presenta en el sujeto al que paradójicamente se lo mantiene libre y se lo desvincula de una denuncia judicial, de modo fulminante. Reafirmando la asimetría de poder con su víctima. Destrozó el alma y la vida de su hija a la que debió cuidar. Tiene licencia para seguir haciéndolo. Pedófilo con la certeza que impone su detallada y filmada confesión. Actuó con intención de pervertir, corromper y satisfacer sus bajos deseos. Una Fiscal se apresura a desvincularlo casi sin llegar a leer la denuncia de la víctima y desconociendo el espíritu de la ley. El pederasta está libre y sin control alguno. La Convención Internacional sobre Derechos del Niño establece la obligación de proteger a los niños contra los abusos sexuales. El Estado Nacional debe velar por su cumplimiento. En el caso, la acción de la Justicia ha agravado la victimización de la víctima y puede acarrear Responsabilidad Internacional para la Argentina, por el incumplimiento de obligaciones que emergen de un Tratado Internacional.

Dr. JUAN PABLO GALLEGO
Abogado. Consultor Internacional. Autor del Libro “Niñez Maltratada y Violencia de Género”, Editorial Ad Hoc. Profesor de la Facultad de Derecho (UBA), Argentina.