Al hablar del Poder Judicial, tan vapuleado estos últimos años, es justo remarcar que la mayoría de los jueces, fiscales, funcionarios son buenos y en algunos casos hasta excelentes.
Unos más y otros menos, pero una notoria mayoría trabaja decentemente y hace lo mejor que puede. Que lo logre es otro tema, porque existen deficiencias de entrenamiento y estructurales endémicas, buena parte de ellas resultantes de un defecto muy de abogados: creer que también sabemos de organización, métodos y administración, cuando no es así. Esos aspectos, aparentemente secundarios, terminan arruinando el esfuerzo de muchos de esos respetables integrantes del Poder Judicial, porque por más genial que pueda ser un juez, si la estructura no es eficiente, él quedará anulado.
El problema es que hay otros magistrados: los malos, los corruptos, los politizados, los ideologizados, los vagos, los ignorantes, los irrazonables. Aunque sean pocos, hacen un daño inmenso a la imagen de la Justicia y mucho peor, hacen mucho daño a la gente y al país.
Metaforicemos: si el 70% de los médicos y equipos de un hospital es bueno… ¿Qué le decimos a quienes mueran en las manos del otro 30%? ¿Mala suerte? ¿Aguante?
De ninguna manera. En ninguna organización humana, ni siquiera en la escuela, pueden permanecer quienes están debajo de un standard mínimo. El nivel de un Poder Judicial no está dado por los mejores, sino por los peores magistrados.
En el Poder Judicial y en el Ministerio Público hay una cantidad de magistrados y funcionarios que deben ser expulsados cuanto antes, porque generan daños enormes a todos: a sus colegas, a la imagen y confianza en la Justicia, a la gente, al país…
Hay varias maneras, difíciles pero posibles, de mejorar esta situación lamentable, consecuencia de muchos años de progresiva desmejora, que llegó a su éxtasis en la docena de años perdida por el país entre 2003 y 2015.
Nuestro peor mal es la impunidad. Siempre se ha hablado de la “puerta giratoria” por la que se entra y sale de la cárcel casi sin que pasen 24 horas, cuyo último ejemplo lo vimos con los cientos de sediciosos que lapidaron a la policía el 18 de diciembre y de los que no quedó nadie preso al día siguiente y menos de 10 fueron capturados después y siguen detenidos.
Es el resultado de tres décadas de prédica garanto-abolicionista de raigambre gramsciana, que ha convencido a muchos jueces, fiscales, periodistas y público, que no se debe creer en la policía sino en los delincuentes. Así nos va.
Ese relajo se refleja en casi todos los indicadores numérico-delictivos, sea en la cantidad de presos/habitante (tenemos la mitad que en Uruguay, Brasil o Chile, pese a ser realidades muy similares) o en el inmenso número de 5.000 o más muertos violentos por año, a los que hay que sumar inválidos de por vida, personas violadas, robados, etc. Una mirada de gente que sufre la terrible “puerta giratoria” que leemos todos los días.
No olvidemos que la mayoría de los delitos más brutales son cometidos por reincidentes, que comenzaron cometiendo delitos menores pero siguen y seguirán libres, por la dificultad de configuración formal de la “reincidencia”.
Uno de los indicadores más devastadores es que según datos del Ministerio de Justicia, el 99% de los delitos quedan impunes. Un horror, una vergüenza, una demostración de que casi nada funciona bien en el sistema que debe darnos seguridad, porque vivimos en una república del siglo XXI, no en la prehistoria.
Dentro de ese calamitoso estado de cosas en materia penal, sabíamos desde hace mucho que se destacaba la casi nula lucha contra la corrupción, que en la Argentina tiene el triste mérito de quedar impune.
Algunos garanto-abolicionistas alegan que en las cárceles solo hay pobres. Es una falacia, porque eso evidencia no la parcialidad de la Justicia, sino la impunidad de los delincuentes de guante blanco.
Por dar un ejemplo simple, por ahora pareciera que el único país del continente donde Odebrecht no coimeó fue aquí. No coimeó para la Justicia, porque hasta la empresa reconoció que sí corrompió a varios jerarcas del gobierno kirchnerista.
¿Estamos cambiando? Muchos nos alegramos cuando, desde hace unos 24 meses, algunos jueces federales comenzaron a investigar y a actuar. O eso pareció.
Pero casi desde el primer día del actual gobierno, el Ministro de Justicia Germán Garavano pidió que las causas avanzaran y pasasen a juicio oral. Esa declaración de comienzos de 2016, parecía apresurada pero… lo que ocurrió con Núñez Carmona y ahora con Boudou explica muy bien aquella preocupación del Ministro.
Porque no todo es lo que parece y conviene siempre acordarse de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, aquel escritor italiano autor de “Il Gatopardo”, donde describe magistralmente el cinismo con el que algunos se amoldan al presente para mantener sus privilegios, cambiando todo para que nada cambie.
Eso es muy fácil de hacer en la Justicia, plagada de recovecos y escondrijos donde además de la famosa puerta giratoria, hay muchas puertas traseras, por las que la delincuencia escapa por prescripción, falta de pruebas, vencimiento de plazos, errores y abusos procesales y leyes absurdas.
¿Será lo que pasó con los casos de Núñez Carmona y Boudou?
No dejemos que lo diga el tiempo: impidámoslo, manteniéndonos vigilantes y exigiendo que el Consejo de la Magistratura actúe con eficacia.
Por Alejandro Fargosi
