La historia de los trabajadores rurales de la Argentina es tan vieja como la Patria misma, y mucho más atrás aún, desde las épocas de la Colonia en adelante.
Desde siempre fue una historia de lucha por la dignificación del trabajo rural.Eso significó durante siglos, pasar del estado de semiesclavitud y negación de derechos sociales elementales, como la libertad para deambular, vivienda, alimentación y salud, y otras condiciones indispensables para la vida de cualquier ser humano, al estado de libertad y de uso pleno de derechos sociales, laborales y civiles, como cualquier otro habitante de nuestra Patria.
Esa historia llevó muchas luchas, muchos enfrentamientos, mucha sangre, sudor y lágrimas.
Recién a mediados del siglo 20, con la llegada del entonces coronel Perón primero a la secretaría de Trabajo y Previsión de la Nación, y luego como presidente de todos los argentinos, casi a mediados del siglo pasado, derechos laborales mínimos y esenciales para esa dignidad y respeto al trabajador rural, fueron consagrados con el Estatuto del Peón y otras reglamentaciones complementarias.
A partir de entonces, y hasta la actualidad, una lucha esencial de los trabajadores rurales en la Argentina, ha sido y es la de su registración laboral, lo que popularmente se conoce como la lucha contra el trabajo en negro.
En las últimas décadas, y más precisamente en los últimos años, los procesos de cambio del mundo del trabajo, han sido arrolladores y transformadores.
La globalización, la producción fragmentada, las pujas de las cadenas mundiales de producción, consumo y tecnología, profundizaron las desigualdades, la permanente migración laboral, y la escasez de recursos puestos al servicio de una imprescindible protección social-justamente-de los más desprotegidos.
Estos desequilibrios profundos resultan inaceptables, desde el punto de vista ético, y mucho menos resultan aceptables, desde una visión y consideración política en un sistema democrático.
Su persistencia, y en algunos casos su agravamiento, atentan contra prácticas laborales justas, una protección abarcativa de los derechos sociales, además de perjudicar la salud, el cuidado y la atención de la vida misma del trabajador rural, que involucra su núcleo familiar primario inequívocamente.
En tal sentido, un reciente plenario nacional impulsado por el gremio de los trabajadores rurales, la UATRE, conjuntamente con el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores, RENATRE, y otros organismos del estado ligados al Trabajo y la Seguridad Social, llegó a conclusiones significativas para revertir el trabajo en negro en el sector agropecuario.
Allí se proponen acciones concretas para impulsar la formalización laboral y ampliación de la cobertura de la seguridad social para los trabajadores rurales.
Se aprobó trabajar en conjunto para elaborar políticas que terminen con la mano de obra indocumentada, el trabajo esclavo, el trabajo infantil y la trata de personas.
Se decidió implementar un enfoque sistémico en procedimientos de inspección, registración y fiscalización laboral.
Se impulsó elaborar estadísticas que den cuenta de la situación del sector rural en términos geográficos, demográficos y socioeconómicos.
Y se propiciaron acuerdos específicos para las distintas actividades agropecuarias, que contribuyan a eliminar deficiencias estructurales, para el cumplimiento integral de la normativa laboral y salarial, y de seguridad social, indispensables para una protección integral del trabajador rural y su familia.
Solo así se podrá cerrar definitivamente esa lucha social centenaria, comenzada tanto tiempo atrás, por la dignidad del trabajo rural, de los que lo llevan a cabo, y de sus familias, pieza fundamental de la sociedad donde conviven todos los argentinos.
Gerónimo “Momo” Venegas
