A partir del próximo año, los jueces y fiscales de la provincia de Buenos Aires deberán presentar, obligatoriamente, las declaraciones juradas patrimoniales. Así se sentenció en el Acuerdo de ministros de la Suprema Corte. De este modo, la Justicia se equipara, en este rubro específico, con los otros dos poderes del Estado, el Ejecutivo y Legislativo.
El dictamen indica que “a raíz de la aprobación de diversos tratados internacionales, nuestro país asumió el compromiso de establecer mecanismos para salvaguardar la ética en las actividades públicas, a los fines de prevenir y luchar contra la corrupción, que agravia y lesiona la sustancia del orden constitucional”
Por este motivo, el tribunal considera “la necesidad de contar con sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos por parte de las personas que desempeñan funciones públicas y la publicación de tales declaraciones cuando corresponda“.
El formulario sintético será de carácter obligatorio, de carácter público y “contendrá una enunciación de bienes y actividades del obligado, de su cónyuge o conviviente y de quienes se encuentren bajo su responsabilidad parental, tutela o curatela, al 31 de diciembre del año inmediato anterior, tanto en el país como en el extranjero”.
