El Fiscal Federal y su análisis de un tema prioritario para nuestra sociedad.
La inseguridad es una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos. Sobre todo, de los más vulnerables. Como tantas cosas en la vida social, la inseguridad también se puede medir en relación con la situación económica. Quienes cuentan con más recursos, en general, están menos expuestos a sufrir delitos contra la propiedad y contra las personas. No digo exentos, simplemente sostengo que están menos expuestos. Las personas que viven en condiciones menos favorables, en cambio, están más expuestas. Pero el deber del Estado es proporcionar seguridad a todos por igual.
Sin embargo, las instituciones públicas se muestran impotentes frente a aquel fenómeno. Las fuerzas de seguridad tienen problemas con la prevención de los delitos y también a la hora de descubrir a sus autores y capturarlos. La justicia también tiene muchas cuentas pendientes con la sociedad. Voy a citar dos. Por un lado, la duración de los procesos que son excesivamente largos. Por el otro, lo que el hombre de pie llama “la puerta giratoria” o “entran por un lado y salen por el otro” Ello hace que las personas sientan que “no pasa nada”
No puedo extenderme en todos esos tópicos. Trabajé algunos de ellos de manera más profunda en dos libros “Injusticia” (Ariel 2017) y en “República de la Impunidad” (Ariel 2020). Pero aquí quiero detenerme en un tópico más concreto.
En efecto, haré hacer referencia a un punto que de alguna manera conecta los problemas de la policía y los del sistema judicial. En muchas ocasiones con una palabra se simplifica este enorme y complejo problema. Hablo del llamado “garantismo” Esa palabra aloja los problemas de eficacia y de eficiencia de los aparatos de seguridad y de justicia del Estado.
Basta repasar los medios de comunicación masiva para chequear que muchos actores, tanto institucionales como no institucionales, sostienen que el problema de la inseguridad es el “garantismo” Con él tratan de explicar porque en nuestro país los delincuentes no rinden cuentas de sus actos, porque los juicios no terminan nunca y porqué la policía no detiene a delincuentes que conocen los vecinos de los barrios.
Empecemos aclarando que en los marcos teóricos del derecho la palabra “garantismo” no existe como tal. Se habla y se escribe sobre garantías constitucionales, pero el “garantismo” no existe como tal. En rigor de verdad, su uso actual es fruto de la querella que existe en el campo jurídico entre corrientes teóricas que analizan de manera diferente como resolver los delitos. No voy a ingresar en ese debate, porque es extenso y no tiene mayor sentido frente a los problemas concretos de la inseguridad y los objetivos del texto.
Dejemos en claro que garantías tenemos todos los ciudadanos porque son parte de la Constitución. Pero ¿Qué son? Simplemente nos protegen. Significan que el Estado tiene que respetarnos como personas. Si algún ciudadano comete un delito, hay que recorrer un camino con procedimientos determinados para enjuiciarlo y eventualmente condenarlo a prisión. O sea, un delito no se paga a cualquier precio, sino siguiendo el camino de la ley. El lenguaje del Estado es la ley y por ello a los que violan la ley les contesta con la ley.
Pero ese camino no tiene que ver con zafar, con la impunidad, con juicios que no terminan nunca, con aplicaciones de la ley por parte de algunos jueces que poco tienen que ver con los hechos que tienen juzgar y que generan comprensible indignación social. Los ejemplos más claros son, precisamente, aquellos casos en que los acusados no rinden cuentas porque se ven favorecidos por magistrados que aplican la ley mal.
El problema, entonces, no son las garantías. Las garantías nos preservan como personas. Los problemas derivan de la aplicación que a veces se hace de ellas ¿Cuándo? Cuando se las aplica de manera abstracta y fuera de contexto. Pongo un ejemplo. Un hombre agrede a su compañera. Ella junta coraje para hacer la denuncia y la respuesta del sistema de seguridad y judicial es iniciar un proceso sin representarse la posibilidad de que el agresor, enojado, buscará venganza. Otro. Un vecino sabe que otro roba a las personas por las noches cuando van o regresan al trabajo. Este vecino también toma coraje y realiza la denuncia. Pero el Estado, en vez de tomar recaudos para preservar su seguridad, lo expone a las represalias del denunciado. Muchos magistrados y policías, frente a preguntas concretas, afirman que no pueden hacer otra cosa por el “garantismo” Ello no es así. Es una excusa.
Los funcionarios deben aplicar las leyes con sentido común; esto es, prestando especial atención a los contextos en que los que los hechos se producen y teniendo siempre en cuenta el impacto de las decisiones en la sociedad. Porque los magistrados y los policías no pueden trabajar desconociendo esos extremos. De hecho, el 28 de octubre de 2021, la Corte Suprema de Justicia de la Nación recordó a todos los miembros del sistema judicial en el fallo “Vidal, Matías Fernando” que es un deber ineludible tener en cuenta el impacto de las resoluciones de los magistrados en la vida real.
Y creo que allí estriba uno de los problemas más importantes del flagelo de la inseguridad. Es decir, en el modo abstracto y por fuera de la historia en que se aplican las leyes. El otro gran problema es la crisis del derecho a la existencia; o sea, el derecho a tener las condiciones de vida relativamente resueltas a través del trabajo y la vivienda digna. Ese es el otro vector que explica la inseguridad, pero no es el motivo de este artículo.
INVITADO
Federico Delgado. Fiscal Federal
