Podrían aplicar multas y sanciones impositivas.
Después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, señalara que “las prepagas le están declarando la guerra a la clase media”, el Gobierno llevará adelante una investigación para conocer si existió “cartelización“, es decir un pacto ilícito, entre las empresas de medicina para fijar precios de venta.
A través de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) se busca determinar si hubo una maniobra concertada entre las compañías para aumentar las cuotas de los usuarios, que en los primeros cuatro meses del año acumularon un 160% de incremento aproximadamente.
Por su parte, las entidades de medicina prepaga agrupadas en las cámaras y asociaciones Cimara, Ademp y Cempra adelantaron que van a solicitarle una audiencia al Ministro Caputo para acercarle toda la información con la que se cuenta y que explicaría el desfinanciamiento que sufrió el sector durante la gestión del expresidente Alberto Fernández.
El Ejecutivo apuntó contra las empresas Galeno, Omint, Medicus, Swiss Medical y Osde por disponer aumentos similares en los primeros meses del año, mientras que las empresas más pequeñas del sector no lo hicieron. Según la Ley de Defensa de la Competencia, son ilegales “los acuerdos entre dos o más competidores, consistentes en contratos, convenios o arreglos” para “concertar en forma directa o indirecta el precio de venta o compra de bienes o servicios” que se ofrecen en el mercado.
En enero pasado, legisladores de la Coalición Cívica ARI presentaron una denuncia por “conducta anticompetitiva”. Ahora, el Gobierno evalúa diferentes medidas contra las prepagas, pero no incluirían una “intervención” ni controles de precios. Sin embargo, el Ministerio de Economía podría aplicar medidas de carácter impositivo o multas monetarias previstas en la ley.
