Dos años después, 17 acusados, miles de páginas y meses de juicio todavía no pudieron responder la única pregunta que importa: ¿qué hicieron con Loan?
Entre policías cuestionados, horarios alterados, vehículos, perros, fundaciones, falsos investigadores y una procesión interminable de personajes, el expediente creció hasta volverse monstruoso. Pero Loan sigue sin aparecer. El juicio oral tiene ahora una obligación que ya no admite humo, relatos ni distracciones: arrancarle la verdad a todo ese ruido. Porque alguien sabe qué pasó. Y alguien, necesariamente, todavía no lo contó. Porque alguien, una mano negra, desvió todo.
El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña lleva ya casi tres meses y acaso haya llegado el momento de apartarse por unas horas del episodio diario, del testigo de turno, de la pelea entre abogados, de la frase efectista y de la noticia que envejece al día siguiente, para mirar el proceso completo y preguntarse qué dejó realmente hasta ahora. Loan tenía cinco años cuando desapareció el 13 de junio de 2024 después de un almuerzo en la casa de su abuela Catalina Peña, en el paraje El Algarrobal, 9 de Julio, Corrientes. Dos años después, el Tribunal Oral Federal de Corrientes, integrado por Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco, comenzó el 16 de junio de 2026 el debate contra 17 acusados: siete de ellos por la sustracción y posterior ocultamiento del niño y otros diez por distintas maniobras que, según la acusación, estuvieron destinadas a desviar, obstaculizar o entorpecer la investigación. La fiscalía está representada por Carlos Schaefer y Tamara Pourcel. No es un dato menor recordar esta división porque alrededor del caso se construyó durante dos años una formidable nube de nombres, organizaciones, supuestos investigadores, abogados, policías, funcionarios, periodistas, peritos, falsos peritos y personajes que aparecieron en Corrientes cuando Loan ya no estaba, pero el objeto principal del juicio continúa siendo brutalmente sencillo: un niño salió hacia un naranjal y nunca regresó.
El debate tampoco comenzó en paz. En las primeras audiencias hubo nulidades, discusiones, acusados que no comparecieron, problemas de representación letrada y hasta la necesidad de recomenzar formalmente una parte del juicio para evitar que un defecto procesal contaminara lo actuado. Esteban Rossi Colombo faltó al comienzo, fue declarado rebelde y se ordenó su detención, después apareció y la reorganización de su defensa obligó al Tribunal a tomar decisiones urgentes. El episodio podría parecer anecdótico si no revelara algo que acompañó al caso Loan desde el primer día: alrededor de un hecho gravísimo siempre apareció demasiado ruido. Superado ese comienzo, llegó el silencio de casi todos los acusados.
Cuando se les ofreció declarar, la enorme mayoría eligió legítimamente no hacerlo; Alan Cañete fue inicialmente la excepción. El silencio es un derecho constitucional y jamás puede ser utilizado como presunción de culpabilidad, pero desde el punto de vista periodístico produjo una consecuencia inevitable: durante las primeras semanas fueron los testigos quienes comenzaron a reconstruir aquella tarde mientras quienes estaban acusados escuchaban.
Entonces aparecieron José Peña y María Noguera. Y el expediente recuperó de golpe algo que durante meses pareció perderse entre expedientes paralelos y teorías extravagantes: Loan era un hijo. Los padres declararon frente a las personas acusadas por su desaparición y María terminó reclamándole a Laudelina Peña que dijera dónde estaba el niño. José, María y Mariano Peña reconstruyeron las primeras horas y coincidieron en señalar comportamientos de Laudelina que con el tiempo consideraron extraños; después declararon cinco hermanos de Loan. Cristian contó que recibió un mensaje de un desconocido preguntándole si quería “negociar” por su hermano, episodio que la propia fiscalía aclaró que había sido investigado y esclarecido; José Omar recordó una huella de un pequeño botín encontrada durante los rastrillajes y explicó la intervención posterior del perito de la familia de Loan; otros hermanos describieron una casa atravesada desde entonces por la ausencia. Nada de aquello prueba por sí solo quién sustrajo a Loan, y confundir dolor con prueba sería jurídicamente inadmisible, pero esos testimonios fueron importantes por otra razón: reconstruyeron desde adentro las primeras horas, cuando todavía no existían cámaras nacionales, fundaciones, investigadores improvisados ni teorías internacionales. Existía solamente una familia buscando a un niño.
Después el juicio comenzó a entrar en una zona bastante más incómoda: la actuación policial. Diversos testimonios fueron reconstruyendo órdenes, horarios, búsquedas y movimientos de aquella tarde y madrugada, hasta que el policía Orlando Ezequiel Cáceres declaró algo que inevitablemente deberá ser valorado por el Tribunal al momento de sentenciar: sostuvo que Walter Maciel, entonces jefe de la comisaría de 9 de Julio y hoy acusado, le ordenó modificar horarios asentados en el libro de guardia. Cáceres afirmó además que le había parecido extraño que inicialmente fueran destinados a custodiar una procesión en lugar de sumarse inmediatamente a la búsqueda, relató que Maciel tomó el libro y no se lo devolvió hasta el día siguiente y describió como “rara” su conducta durante aquellas horas. Otros policías también declararon sobre el papel de Maciel en el operativo. Esto tampoco autoriza una sentencia anticipada, pero sí instala una cuestión probatoria seria: si el Tribunal considera acreditada una alteración deliberada de registros correspondientes a las horas inmediatamente posteriores a la desaparición, tendrá que determinar para qué se hizo, quién se benefició y si aquello formó parte de las maniobras que la acusación atribuye al entonces comisario.
Los vehículos de Carlos Pérez y María Victoria Caillava constituyen otro capítulo que el juicio deberá resolver sin supersticiones ni simplificaciones. Durante la investigación las pruebas odorológicas habían arrojado resultados compatibles con olor de Loan en la Ford Ranger y en el Ford Ka vinculados al matrimonio y durante el debate el perito Rosillo defendió los procedimientos empleados y sostuvo que una transferencia accidental del olor humano requeriría un período que, según su explicación, no coincidía con la secuencia temporal investigada. Las defensas han cuestionado la custodia de los vehículos y planteado hipótesis de contaminación o transferencia. Allí está precisamente la función del juicio oral: no convertir un perro en una sentencia ni despreciar una pericia porque incomoda, sino confrontar metodología, cadena de custodia, hipótesis alternativas y concordancia con el resto de la prueba. La odorología será fuerte únicamente si resiste esa confrontación y encuentra corroboraciones independientes; aislada, no puede cargar sobre sus espaldas la explicación completa de una desaparición.
Y después apareció con toda su dimensión el segundo juicio que vive dentro del primero: el de quienes llegaron cuando Loan ya había desaparecido. Nicolás Gabriel Soria, “El Americano”, y el denominado grupo del hotel ocupan una cantidad extraordinaria de horas del debate. Soria decidió declarar extensamente, negó las acusaciones, explicó por qué había llegado a Corrientes y rechazó haber integrado una organización destinada a entorpecer la investigación. Pero posteriormente distintos testigos describieron episodios que deberán ser contrastados con su versión y uno de ellos sostuvo que Soria decía pertenecer a la DEA. Policías, prefectos, periodistas y personas que circularon por el hotel Despertar Iberá fueron reconstruyendo un universo que parece por momentos pertenecer a otra causa: supuestos asesores, intermediarios, contactos, ofrecimientos de ayuda, movimientos de personas y una pretendida representación de la Fundación Lucio Dupuy cuya naturaleza y finalidad constituyen precisamente parte de aquello que debe esclarecer el Tribunal. Cáceres incluso explicó cómo personas relacionadas con ese ámbito habrían actuado como nexo para que pudiera encontrarse con un ex abogado de la familia. La pregunta jurídicamente importante no consiste en determinar quién era extravagante o quién mintió sobre su currículum, sino si existió una organización deliberada destinada a desviar una investigación federal sobre la desaparición de un niño.
En medio del debate ocurrió además una decisión que produjo titulares pero que debe ser interpretada con enorme precisión jurídica. La jueza federal Cristina Pozzer Penzo sobreseyó a ocho personas respecto de la hipótesis de trata: Caillava, Pérez, Maciel, Laudelina Peña, Benítez, Ramírez, Millapi y Francisco Amado Méndez. Eso no significó que Loan no hubiera sido sustraído, tampoco que los siete acusados sometidos actualmente a juicio por la sustracción y ocultamiento hubieran quedado desvinculados de esos hechos y mucho menos que el juicio hubiera perdido objeto. Significó algo bastante más limitado: respecto de esas ocho personas y de aquella imputación concreta, la investigación por trata no había producido elementos suficientes para mantener abierta indefinidamente su situación procesal. El juicio oral siguió exactamente porque su objeto es otro. Confundir ambas cosas sería jurídicamente grave y periodísticamente irresponsable.
También hubo una batalla alrededor del propio Tribunal. La defensa oficial de Antonio Benítez recusó al presidente Fermín Ceroleni invocando temor objetivo de parcialidad y cuestionando interrupciones, llamados de atención y la conducción de determinados interrogatorios. Los jueces que resolvieron el planteo rechazaron el apartamiento: entendieron que no existía hostilidad ni favoritismo hacia la acusación y que lo señalado expresaba, esencialmente, una disconformidad con la dirección del debate. El episodio importa porque este juicio necesita garantías, pero también necesita llegar a una sentencia. La imparcialidad judicial es irrenunciable; la recusación constituye una herramienta legítima cuando esa imparcialidad aparece objetivamente comprometida, pero no puede convertirse en un mecanismo ordinario para revisar cada decisión adversa del presidente de un tribunal. El proceso penal tiene remedios para las decisiones que las partes consideran equivocadas y la nulidad es una solución excepcional, no una forma alternativa de litigar.
Llegamos así a septiembre y el escenario empieza lentamente a modificarse. Walter Maciel anunció que declarará el próximo 10 de septiembre. Ayer intervino ante los jueces, aunque todavía no para prestar su declaración indagatoria, y afirmó que es “imputado y perjudicado” y que colaborará con la causa. Su futura declaración puede constituir uno de los momentos centrales del proceso porque Maciel no era un espectador que llegó desde Buenos Aires varios días después: era el comisario de 9 de Julio cuando Loan desapareció y tuvo intervención directa en las primeras horas de búsqueda, precisamente aquellas horas cuya reconstrucción se ha convertido en uno de los núcleos más sensibles del debate. Ahora tendrá la oportunidad de explicar frente a los jueces qué hizo, qué ordenó, cuándo recibió cada información y cómo responde a los testimonios que lo comprometieron.
Después de decenas de testimonios, miles de páginas, pericias, teléfonos, vehículos, perros, policías, prefectos, fundaciones, acusaciones cruzadas y dos años de exposición pública, sería intelectualmente deshonesto afirmar hoy que el juicio ya explicó qué pasó con Loan. No lo hizo. Tampoco corresponde afirmar que nada apareció. Aparecieron contradicciones, movimientos que necesitan explicación, testimonios sobre las primeras horas, discusiones sobre las huellas, la odorología y los vehículos, declaraciones que comprometen la actuación policial y una enorme cantidad de evidencia destinada a determinar si existió una estructura posterior de entorpecimiento. Pero todavía falta unir esos fragmentos mediante prueba y no mediante imaginación. Ese es el enorme desafío que tienen Schaefer y Pourcel como acusadores y, finalmente, Ceroleni, Belforte y Bracco como jueces: transformar centenares de datos en una reconstrucción racional del hecho capaz de superar el estándar que exige una condena penal.
Porque hay algo que este juicio no debería permitirnos olvidar. Durante dos años la causa Loan fue ocupada sucesivamente por hipótesis de trata, accidente, venta, traslado, encubrimiento, organizaciones, policías, políticos, fundaciones, falsos investigadores y personajes que parecían competir por un lugar en la historia. El juicio oral tiene exactamente la función contraria: sacar personajes y dejar pruebas, eliminar rumores y conservar hechos, separar lo extraño de lo jurídicamente relevante. Y después de todo el ruido queda la pregunta más pequeña y al mismo tiempo más insoportable de la causa: ¿qué ocurrió con Loan entre el momento en que salió hacia aquel naranjal y el instante en que alguien advirtió que ya no estaba? Todo lo demás -abogados, jueces, fiscales, recusaciones, cámaras, organizaciones y teorías- es secundario frente a esa pregunta. El proceso habrá servido si consigue responderla. Si después de semejante investigación la Argentina termina sabiendo todo sobre quienes rodearon el caso pero continúa sin saber qué hicieron con el niño, habremos producido uno de los expedientes más grandes de nuestra historia reciente y, al mismo tiempo, habremos fracasado en lo único verdaderamente importante: encontrar la verdad sobre Loan.
