El presidente venezolano Nicolás Maduro decretó un “estado de excepción y emergencia económica” que tiene como resultado un restricción de las garantías constitucionales con el fin de “preservar el orden interno”.
Esta restricción se establece sobre el ejercicio de derechos constitucionales exceptuando “el derecho a la vida, prohibición de comunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles”. Se habilita al Gobierno venezolano a “diseñar y ejecutar planes de seguridad pública que hagan frente a las acciones desestabilizadoras que atenten contra la paz de la nación, la seguridad personal, y el resguardo de las instalaciones y bienes públicos y privados”, a la vez que se podrá disponer de recursos sin control del Parlamento.
El decreto surgió como consecuencia de la ola de protestas opositoras que ya lleva 50 muertos en un mes.
