Tras la toma del juzgado por un grupo de mapuches, la Asociación de Jueces Federales (Ajufe) le pidió al Gobierno nacional y provincial garantías de seguridad para el juez federal Guido Otranto a cargo de la causa.
La Ajufe difundió un comunicado de prensa en donde se “exige a las autoridades Nacionales y provinciales que garanticen las condiciones mínimas de seguridad para ejercer la función judicial” y se establece que la medidas como la toma del juzgado “son inadmisibles y repugnan el estado de derecho”.
En este, además, se dirigió a la familia de Maldonado y les recordó que “tienen los caminos procesales idóneos para cuestionar las decisiones y la propia intervención del juez tal como lo hicieron”.
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