El gobierno español de Mariano Rajoy activó el segundo y último plazo, de 72 horas, antes de “intervenir” en el control de la autonomía. Esto ocurrirá si para ese entonces, la Generalitat de Cataluña no “rectifica” y “vuelve a la legalidad”.
Este nuevo giro se produjo luego de que, el gobierno de Carles Puigdemont optara por no responder claramente si había declarado o no la independencia de la región.
En una carta de dos páginas, el independentista censuró la represión policial del gobierno nacional y pidió una reunión con el presidente Rajoy. En ella pretendía establecer una “negociación sincera” con un plazo de dos meses para encontrar una salida a la crisis secesionista. La misma fue rechaza por “falta de claridad”.
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