Son las personas que decían ser integrantes de la Fundación Dupuy.
La jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, procesó con prisión preventiva a diez personas que, en nombre de la Fundación Lucio Dupuy, habrían interferido con la investigación de la desaparición de Loan Danilo Peña, de cinco años.
Los procesados estaban detenidos bajo sospecha de haber manipulado a miembros de la familia Peña para evitar que compartieran información relevante.
La jueza ordenará su traslado a distintas cárceles federales.
Los delitos que se les imputan a los miembros de la Fundación Dupuy incluyen “atentado y resistencia a la autoridad”, “falso testimonio agravado”, “estafa calificada”, “violación de medios de prueba”, “violación de secreto profesional”, “encubrimiento agravado” y “privación ilegítima de la libertad”.
En su extenso fallo de más de 500 páginas, Pozzer Penzo abordó un expediente relacionado con la desaparición de Loan, quien fue visto por última vez el 13 de junio, después de almorzar en la casa de su abuela, Catalina, en el Paraje “El Algarrobal”, 9 de Julio, Corrientes.
Entre los procesados destaca Nicolás Gabriel Soria, de 42 años, conocido como “El Americano”, quien junto a los abogados Elizabet Noemí Cutaia y Alan Juan José Cañete, también detenidos, aislaron a los hijos de Laudelina Peña, principal acusada en el caso, en un hotel no habilitado.
Soria, quien solía presentarse como agente de la CIA y, en otras ocasiones, como miembro de Interpol, también enfrenta cargos por “suministro gratuito de estupefacientes” y usurpación de títulos.
El grupo procesado incluye a Pablo Noguera, esposo de Cutaia; Leonardo Rubio, abogado y policía; Delfina Taborda, Verónica Machuca Yun, Valeria López, Pablo Núñez y Federico Rossi Colombo, todos con roles variados en esta compleja trama.
La causa se originó después de un incidente en el que Soria intentó impedir la entrada de personal de seguridad al hotel donde estaban las hijas de Laudelina, un establecimiento financiado por el intendente local.
En su fallo, Pozzer Penzo señala: “El intento de obstaculización por parte de este grupo se hizo evidente cuando la Prefectura buscó realizar un reconocimiento en el hotel, respaldados por una orden judicial debido a la presencia de menores”.
