Veredicto antes de la feria
El nuevo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, que debía comenzar este 17 de marzo, fue postergado para el próximo 14 de abril. La resolución, emitida este miércoles, surgió tras un planteo de la acusación que buscaba evitar que el arranque del proceso se viera fragmentado por el calendario de feriados nacionales.
Los jueces Alberto Ortolani y Alberto Gaig, integrantes del TOC N°7 de San Isidro, votaron a favor de la medida alegando que la seguidilla de jornadas no laborables iba a atentar contra la fluidez del debate. El magistrado Pablo Rolón fue el único que votó en disidencia, sosteniendo que se debía respetar el cronograma pautado originalmente en diciembre. De esta manera, el juicio se reiniciará recién después de Semana Santa.
Además del cambio de fecha, el tribunal aceptó otra modificación importante en la dinámica: las audiencias se llevarán a cabo únicamente los días martes y jueves, en el horario de 10 a 17. Esta decisión se tomó luego de que todas las partes lograran un acuerdo para “limpiar” la lista de testigos. De los más de 200 nombres que figuraban inicialmente, la nómina se redujo a 100, lo que permitiría un desarrollo mucho más ágil y concentrado de la prueba.
La intención de la Justicia es que el proceso no se extienda innecesariamente. Con un promedio estimado de seis testigos por jornada, se calcula que el debate podría resolverse en unas 17 jornadas intensas, lo que daría un plazo de dos meses para finalizar la etapa de declaraciones. Un mes se tomarían los jueces para resolver. Si los tiempos se cumplen, el veredicto podría conocerse antes del inicio de la feria judicial de invierno.
En el banquillo de los acusados volverán a estar: el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, el jefe de enfermeros Mariano Perroni, la médica Nancy Forlini y el clínico Pedro Di Spagna. Todos enfrentan la imputación de “homicidio simple con dolo eventual”, un delito que contempla penas de entre 8 y 25 años de prisión.
