Hernán Boveri, Delfina Lanusse y Chantal Leclercq están en la mira de la Justicia por desviar fentanilo y propofol para fiestas de “sedación profunda”.
La Justicia procesó a los médicos Hernán Boveri, Delfina “Fini” Lanusse y Chantal “Tati” Leclercq por integrar una red dedicada al robo de anestésicos para realizar las denominadas “Propofest”.
El caso estalló tras la muerte de Alejandro Zalazar, un anestesiólogo de 29 años hallado sin vida en un departamento de Palermo. Tenía una vía conectada al pie y restos de propofol y fentanilo robados de hospitales públicos y privados.
La investigación del juez Javier Sánchez Sarmiento determinó que los fármacos pertenecían al Hospital Italiano, donde Boveri y Lanusse habrían vulnerado los controles de stock para fines recreativos.
En estas fiestas clandestinas, los participantes buscaban un “viaje controlado” mediante sedación profunda. Usaban bombas de infusión y designaban a un “monitor” para evitar que los asistentes murieran por paro cardiorrespiratorio.
Boveri, de 45 años, renunció a su cargo tras el escándalo y enfrenta un embargo de 70 millones de pesos. Lanusse, residente de tercer año, fue embargada por 30 millones. Ambos están procesados por administración fraudulenta.
Por su parte, Chantal Leclercq, del Hospital Rivadavia, fue imputada tras confesar que consumía drogas sustraídas del centro de salud. Se sospecha que manipuló el celular de Zalazar tras su muerte.
Vecinos de Leclercq en Palermo denunciaron el hallazgo de agujas hipodérmicas en las secadoras del edificio. El descontrol con el material patogénico reforzó la hipótesis del consumo sistemático de sustancias inyectables.
La Justicia analiza ahora los dispositivos electrónicos secuestrados en Tigre y Capital. Buscan reconstruir las últimas horas de Zalazar y confirmar si los médicos convirtieron los quirófanos en sus proveedores de “viajes” letales.
