Tenía 59 años
Un cirujano y dos residentes de Río Negro fueron imputados por mala praxis tras la muerte de una exfuncionaria nacional, que murió tras sufrir un cuadro de apendicitis y posterior peritonitis.
Gloria Jara Guerrero, una abogada de 59 años que fue responsable de la Procuración Penitenciaria de la Nación en Río Negro.
La mujer fue varias veces a la guardia del hospital Artemides Zatti de Viedma. Fue atendida por Maiana Luz González, Valeria Elizabeth Painequeo y Alejandro Germán Vizcarra Díaz a quienes les manifestó que le dolía mucho el estómago.
Guerrero a la guardia y falleció poco después. En el medio, el cirujano y las dos residentes desestimaron una apendicitis.
Los tres fueron acusados por “homicidio culposo” por no haber detectado a tiempo la afección. Aunque las imputaciones son por distintas irresponsabilidades.
Según el Ministerio Público Fiscal, la acusación sobre Valeria Painequeo, una de las médicas residentes que estaba de guardia, “no brindó atención acorde a la paciente”.
Los investigadores del caso sostienen que “le dio el alta de guardia sin realizar una valoración clínica completa ni solicitar estudios complementarios”.
“Esta conducta determinó una demora en el diagnóstico de apendicitis aguda y una consecuente pérdida de oportunidad terapéutica. La paciente evolucionó con sepsis secundaria a peritonitis por apendicitis no diagnosticada, falleciendo dos días después”, indicó la fiscal Paula Rodríguez Frandsen.
Al cirujano lo responsabilizan “por no haber efectuado un adecuado control ni indicación de estudios complementarios pertinentes tras la cirugía” y por haber hecho “una valoración insuficiente del cuadro”.
Durante esas horas, aseguró la fiscalía, la omisión de esos pasos “generó un retraso en el diagnóstico de apendicitis aguda y la consecuente perdida de oportunidad terapéutica, contribuyendo a la evolución fatal” de Jara, quien finalmente murió.
Mientras que González fue acusada por las mismas circunstancias, ya que asistió a la mujer luego de la intervención y tampoco hizo “los controles evolutivos” ni solicitó otros estudios para determinar el cuadro de la mujer.
Si bien los defensores intentaron desligar a las residentes debido a esa condición, la jueza Georgina Amaro Piccinini desestimó esos argumentos y estableció los cargos que ahora le imputan a los médicos.
