Según lo estableció la AFIP, todos los comercios, prestadores de servicios y profesionales estarán obligados a adherirse a la aceptación de pagos a través de tarjetas de débito a partir del 1 de abril. Aquellos que no lo hagan tendrán que pagar multas que vayan desde los $300 a $30 mil y clausuras de hasta diez días.
La medida comprende a todos aquellos negocios que realicen en forma habitual la venta de cosas muebles para consumo final, presten servicios de consumo masivo, realicen obras o locaciones de cosas muebles. El cronograma de obligatoriedad comenzó en abril de 2017, y finaliza con los monotributistas de las categorías más bajas.
Para cumplir el objetivo, la AFIP ofreció una serie de incentivos para facilitar la instalación de los equipos de puntos venta (POS). Algunos de ellos fueron un recorte a la mitad en las retenciones por IVA y Ganancias para todas las operaciones con tarjeta de débito. Mediante esta iniciativa, los consumidores tendrán la posibilidad de utilizar este medio de pago amparados en la ley 27.253.
En su momento, el ente recaudador señaló que la medida buscaba “cumplir con la ley y permite hacer efectivo los beneficios de descuentos para jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales que paguen a través de tarjeta de débito”.
Según datos oficiales, desde enero de 2017 al mismo mes de 2018 la cantidad de POS instalados pasó de 660.000 a más de un millón.
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