El ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Gustavo Ferrari, desafectó a 50 agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense por tener condenas en su contra.
Otras 25 agentes fueron detenidos por delitos graves como desvío de fondos públicos, venta de droga en los penales e incluso torturas seguidas de muerte.
Estas medidas fueron tomadas después de entrecruzar datos de la nomina del personal y el Registro Nacional de Reincidencia en donde también encontraron casos de agentes investigados en el 2007 y que aún con condena seguían trabajando.
Estos casos se le atribuyen, de forma extraoficial, a la complicidad del gobierno anterior. Desde el 6 de junio, cuando asumió el ministro de Justicia, se desplazaron 42 agentes por apremios ilegales y 190 fueron pasados a disponibilidad preventiva.
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