El titular de la Cámara Baja, Martín Menem, cerró acuerdos con la oposición “dialoguista”. Existen temas que generan conflictos, como las facultades delegadas y las privatizaciones.
La Cámara de Diputados sesionará para discutir la Ley de Bases y Puntos de Partida Para la Libertad de los Argentinos, también conocida como “Ley Ómnibus“, que impulsa el gobierno del presidente Javier Milei. La misma fue convocada para comenzar el 31 de enero a partir de las 10 de la mañana.
Según trascendió, debido a la cantidad de artículos y reformas que se debatirán, será una sesión maratónica, una de las más largas de los últimos tiempos, ya que se calcula entre 30 y 40 horas de duración.
El quórum está asegurado, luego de la reunión que mantuvieron los gobernadores no peronistas con el ministro de Interior, Guillermo Francos, en el Consejo Federal de Inversiones. El funcionario adelantó que les extenderán el 30% de coparticipación a las provincias del impuesto PAIS.
En un principio, los representantes parlamentarios del Gobierno habían consensuado con sus aliados en Diputados que la discusión sería antes. El presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, mantiene contacto permanente con el Ejecutivo y con los referentes de los denominados bloques “dialoguistas” del Congreso.
Las primeras horas del debate estarán dedicadas a discutir la validez de la sesión, ya que Unión por la Patria y el Frente de Izquierda presentaron impugnaciones que apuntan a irregularidades en la firma del dictamen de mayoría (cuyo contenido fue reformado posteriormente).
La convocatoria oficial a la sesión se notificó en el medio de las negociaciones con los líderes de los bloques de la oposición moderada: Miguel Ángel Pichetto (Hacemos Coalición Federal) Cristian Ritondo (PRO) y Rodrigo de Loredo (UCR).
Hay cambios que ya fueron consensuados y que los bloques de la oposición aceptaron; como el retiro del capítulo fiscal de la Ley Ómmnibus, que incluían las retenciones, jubilaciones, blanqueo, moratoria, Bienes Personales, y modificaciones en el tema de las posibles privatizaciones en las empresas del Estado, entre otras.
Otro de los focos de conflictos es la “delagación de facultades legislativas” que pleanteó Milei por un año, con la posibilidad de ser extendido a dos, al señalar que el país se encuentra en “emergencia económica y social”.
