Alejandro Vandenbroele, abogado y presunto testaferro de Amado Boudou, había pedido un millón de dólares, más protección para él y su familia, para declarar como arrepentido en la causa de la ex-Ciccone Calcográfica. Aunque el Gobierno rechazó pagarle esta suma, comunicó que quería romper su silencio de todas formas, a cambio de que le dieran garantías de seguridad.
El abogado había comenzado a hablar con allegados al Gobierno hace dos meses, a través de la participación de un prefecto. Vandenbroele viajó desde Mendoza a un departamento en Puerto Madero. Con su abogada, Liliana Cobas, mostró la intención de acogerse al régimen del arrepentido y al programa de protección de testigos. Se comunicó con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien se negó a pagar la suma pretendida y advirtió al programa de protección de testigos y al juez federal Ariel Lijo, a cargo del caso Ciccone.
Las negociaciones por la declaración del presunto testaferro del ex vicepresidente finalmente se cayeron después de que se filtraran los acuerdos y que el involucrado recibiera amenazas telefónicas.
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