El Gobierno ya cuenta con el anteproyecto de reforma del Código Penal, que, entre otras modificaciones, tiene como objetivo endurecer penas para gran parte de los delitos, restringir la libertad condicional y el margen de interpretación de los jueces.
Según informa Clarín en su portal, el presidente de la Comisión encargada del proyecto, el camarista Mariano Borinsky, le envió un borrador de la iniciativa al ministro de Justicia, Germán Garavano, luego de llevarse a cabo 50 reuniones plenarias para debatir la reforma.
Entre los cambios que se pretenden realizar, se encuentra el de la discrecionalidad. El margen deberá acotarse de acuerdo a determinadas pautas que se agregan para fijar las escalas penales. El inciso 4 del artículo 40 del texto señala “las cirunstancias especialmente agravantes” que deberían darse para que “se tenga en consideración el tercio superior de la escala penal”. Algunas de ellas son discriminación y casos de violencia de género, vulnerabilidad de la víctima, motivaciones de odio racial, religioso o político o la utilización de medios con armas de fuego.
Asimismo, quedará restringido el beneficio condicional. Tanto los reincidentes como los condenados por homicidio doloso, secuestro extorsivo, terrorismo, desaparición forzada de personas, trata de personas, y tortura y agresión sexual tendrán prohibida la excarcelación antes de terminar de cumplir su pena.
Los agresores sexuales serán sometidos a un nuevo sistema que actualmente se aplica en otros países. Se trata de un “seguimiento socio judicial” luego de cumplir la condena, que consiste en tratamientos de rehabilitación y medidas de vigilancia electrónica. Este proceso podría extenderse hasta los diez años.
Otro de los cambios afectará a aquellos acusados de corrupción. En la actualidad, las penas para este tipo de delito son bajas y excarcelables. Se les otorga de 1 mes a 3 años de prisión. Las modificaciones elevarían las penas de 3 a 10 años, que aumentará de 4 a 12 años, respectivamente, en caso de que el autor fuera Presidente o se tratara de funcionarios de altos cargos. En cuanto al narcotráfico, la pena será prisión perpetua si el delito fuera cometido en el marco de una organización internacional.
El aborto es otro de los temas. Con las modificaciones, no será punible en caso de que el embarazo fuera producto de un abuso sexual.
En el caso de homicidio culposo, calificación que generalmente llevan las causas cuando existen víctimas en accidentes de tránsito, la pena mínima aumentará a 1 a 2 años de prisión si hubiera más de una víctima fatal. Y se elevará de 5 a 10 años, si el autor del hecho escapara, estuviera drogado o alcoholizado, condujera a una velocidad mayor de la permitida, participara de picadas o no respetara el semáforo.
La Casa Rosada pretende presentar el proyecto en el Congreso el primer día de marzo, luego de inaugurar las sesiones ordinarias, para comenzar a debatirlo en abril.
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