El grupo guerrillero se financiaba a través de los secuestros.
La Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia, un tribunal especial surgido tras los acuerdos de paz de 2016, anunció que imputará a 10 exintegrantes de la cúpula de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Los que acusa por crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Los antiguos integrantes del Comando Conjunto Central de las FARC tendrán que responder por los delitos de crímenes de guerra de toma de rehenes, homicidio y atentados a la dignidad personal, tratos crueles e inhumanos y los crímenes de lesa humanidad, asesinato, desaparición forzada, esclavitud, violencia sexual, tortura y otros actos inhumanos.
Estos hechos ocurrieron en Tolima, Huila y Quindío entre 1990 y 2000 y eran parte de la estrategia del grupo guerrillero para tomarse Bogotá.
El tribunal indicó que el grupo guerrillero se financiaba a través de los secuestros y de la comisión financiera Manuelita Sáenz se creó un “sofisticado sistema de secuestro y extorsión para cumplir con la cuota de dinero que debía ser entregada al Secretariado”.
8 de los exguerrilleros imputados son considerados máximos responsables por su liderazgo y porque ostentaron el mando sobre seis frentes, tres columnas y tres compañías.
Los otros 2, aunque no tuvieron mando sobre las estructuras del CCC, “son responsables de hechos graves y representativos del secuestro en el Tolima”.
En la estructura financiera, la CCC creó un sistema de financiamiento por medio de “nóminas” de extorsión enfocado en sectores de la región: arroz, transporte, café, petrolero, contratación pública y energía, así como tasas a la cerveza y a la gasolina, identificando personas y empresas que debían aportar una tasa, o ser secuestrados como penalidad.
Los 10 imputados tienen 30 días hábiles para entregar información ante la Jurisdicción y la Unidad de Búsqueda de Personadas Dadas por Desaparecidas que conduzca a la búsqueda, localización e identificación de las víctimas.
