Militares retirados de Colombia confesaron en una audiencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un hecho inédito e histórico, su responsabilidad en el asesinato de unos 120 jóvenes campesinos y desocupados que presentaron luego como guerrilleros muertos en combate.
Fue frente a familiares de las víctimas y en busca de penas alternativas a la cárcel.
La audiencia fue en Ocaña, en el departamento Norte de Santander, en la misma población en la que cometieron sus crímenes en la década del 2000, y representó uno de los encuentros más fuertes desde que se conocieron las primeras denuncias por «falsos positivos», como la prensa llamó a estos casos.
Unos 50 familiares de esos 120 jóvenes había entrado en fila a un teatro universitario de esta población con fotografías de sus parientes.
Se sentaron cara a cara frente a los victimarios de sus parientes y 5 jueces del tribunal surgido del histórico acuerdo de paz de 2016, que hasta mañana escuchará los relatos de un general, cuatro coroneles, cinco oficiales y un civil que colaboró en los crímenes.
«Asesinamos personas inocentes, campesinos» y mi compromiso es «aclararlo acá ante la opinión, ante el mundo, ante el país. Yo reconozco y acepto mi responsabilidad a título de coautor», señaló el cabo Néstor Gutiérrez y pidió perdón.
Gutiérrez detalló cómo llegó a un burdel y elaboró una lista de personas, con «la presión de que había que dar resultados, buscar los resultados como fueran».
Dijo que había alianzas con grupos paramilitares para conseguir armas.
El excabo contó que junto a la administradora de un bar elaboró una lista de 14 personas.
«Empezamos a ejecutar a los inocentes, a los campesinos de la región. Yo en ese momento no medía las consecuencias del daño que estaba haciendo».
El excapitán Daladier Rivera Jácome, en tanto, le pidió a Villamir Rodríguez, una víctima sobreviviente que entregó su testimonio, que se parara y le pidió perdón por haberlo detenido y, después, fabricar falsas pruebas.
Los «falsos positivos», provocados por los militares para ganar francos, ascensos, condecoraciones y otros premios, constituyen el mayor escándalo de la historia de las Fuerzas Armadas de Colombia.
Los antiguos militares y otros victimarios del prolongado conflicto colombiano responden ante la JEP por sus crímenes como parte del acuerdo de paz que desarmó a las FARC, y que establece que quienes confiesen sus delitos y reparen a las víctimas pueden evitar la cárcel y recibir penas alternativas.
Los acusados dieron nombres y detalles sobre la manera en la que asesinaron a sus allegados, la mayoría hombres entre 25 y 35 años.
El general Paulino Coronado, excomandante de la Brigada 30 con presencia en la frontera, fue el uniformado de mayor rango en la histórica audiencia de dos días.
La JEP determinó que Ocaña fue escenario de una práctica atroz ideada en un cuartel ubicado en la entrada del pueblo, de unos 100.000 habitantes, y motivada por una «política institucional del ejército de conteo de cuerpos» para inflar sus logros en la lucha contra la guerrilla y otros grupos armados.
TRIBUNA ABIERTA