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sábado 31 de julio, 2021
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Corte Penal Internacional. Se declaró autoridad para juzgar crímenes de guerra en Palestina.

Dura respuesta del gobierno israelí.

La Corte Penal Internacional se declaró con autoridad para juzgar eventuales crímenes de guerra en Cisjordania, Jerusalén Oriental y la Franja de Gaza, territorios palestinos ocupados por Israel.

Abre la posibilidad de que la Fiscalía inicie una investigación en tal sentido, decisión que ya recogió el obvio respaldo palestino y el rechazo de Washington y de la administración de Benjamin Netanyahu.

La decisión de la CPI fue por mayoría de 2 a 1, y en respuesta a la fiscal principal, Fatou Bensouda, que en 2019 consideró que existía una “base razonable” para iniciar una investigación por crímenes de guerra a las acciones militares de Israel en la Franja de Gaza y sus asentamientos en Cisjordania, reclamados por Palestina.

Bensouda, de nacionalidad gambiana, pidió a la Corte que determine si tenía jurisdicción territorial antes de avanzar en el caso, atento a que Israel no es firmante del Estatuto de Roma y, en consecuencia, no está bajo jurisdicción del cuerpo de Justicia mundial.

La decisión de la Corte sobre su jurisdicción en los territorios ocupados representa una «victoria de la justicia», destacó el primer ministro palestino, Mohammed Shtayyeh.

«Esta decisión (de la CPI) es una victoria para la justicia y la humanidad, para los valores de la verdad, la equidad y la libertad, y para la sangre de las víctimas y sus familias», dijo Shtayyeh.

En una respuesta casi inmediata, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, calificó a la CPI de «tribunal político».

“Hoy, el tribunal probó una vez más que es un órgano político y no una institución judicial», criticó Netanyahu en un comunicado.

En plena festividad judía del sabbat, o sea, sin actividad oficial, el primer ministro advirtió que la decisión de la CPI socava el «derecho de las democracias a defenderse contra el terrorismo».

Para Netanyahu, la CPI «persigue a Israel, un país con un régimen democrático fuerte, que santifica el estado de derecho y no es miembro del tribunal».