La Corte Suprema de Justicia señaló en un documento cuáles son los objetivos principales para fortalecer la independencia del Poder Judicial. Las reformas deberán ser consensuadas por todos los jueces del país.
Prolongar el horario de funcionamiento de los tribunales, achicar la feria judicial, mejorar el sistema para cubrir vacantes existentes y acelerar procesos de causas de corrupción son algunos de los cambios propuestos para lograr una nueva justicia.
Este proyecto deberá ser consensuado por jueces de todo el país que recibieron una invitación para reunirse en 9 comisiones. La reunión será en el Palacio de Justicia el 6 y el 7 de marzo, luego del acto de apertura del año judicial que encabezará Ricardo Lorenzetti, presidente del alto tribunal.
La Corte pretende que tanto el fuero federal como el nacional, los provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires participen del proceso de transformación.
Algunas de las propuestas que figuran en el documento son la transformación de la estructura organizativa del Poder Judicial, la educación legal que se lleva a cabo en las universidades y el ejercicio de la abogacía.
Otra de las metas es la eficacia de los procesos a través de la informatización y el uso de criterios de responsabilidad fiscal en materia presupuestaria. Además, apuntará a lograr una celeridad en los juicios penales, laborales y previsionales.
El proyecto de la Corte Suprema busca acelerar las causas penales, especialmente las de narcotráfico, corrupción y trata de personas, acortar los plazos procesales, e implementar de manera gradual el sistema acusatorio. La oralidad en los juicios civiles, laborales y previsionales es otra de las metas. La idea sería incorporar el expediente digital y que las audiencias sean grabadas en video.
A su vez, la Corte propone que se acorten los plazos de designación y el proceso de selección de los jueces con el fin de cubrir todas las vacantes.
La modificación de la feria judicial y los horarios de atención es otro de los objetivos. Asimismo, se considera necesario ampliar el cuerpo de peritos del Poder Judicial y la oficina de escuchas judiciales y convertir en una oficina de “investigación criminal sofisticada que acelere la averiguación de delitos complejos”.
Sobre los peritos, el documento explica que el Ministerio de Justicia trabaja en un proyecto pero que “el organismo debe ser judicial“.
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