Luego de que desde el Ministerio de Seguridad anunciara que realizaría un rastrillaje con 300 agentes en Cushamen, una zona ancestral mapuche, para saber qué sucedió con Santiago Maldonado, el juez federal Guido Otranto se negó a la medida. El magistrado puso trabas a la medida, y pidió una orden de allanamiento para que la Policía pueda ingresar a ese campo que fue tomado por los aborígenes hace tres años.
“Para entrar a la comunidad necesitan un orden de allanamiento. Seguro buscan río abajo, lejos del sector en conflicto”, indicaron fuentes de la Justicia Federal. El Secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, había anunciado que no harían ningún operativo sin avisarle antes a Otranto, incluso aclaró que la idea era trabajar en conjunto con el magistrado.
Un mes atrás, un operativo con perros detectó rastros de Maldonado a partir de las ropas que se le adjudican, que los llevó del otro lado del río Chubut. Los mapuches habían advertido en aquella ocasión que la zona estaba prohibida, por tratarse de un lugar sagrado.
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