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miércoles 23 de septiembre, 2020
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DETENCIONES DOMICILIARIAS. Fuerte reclamo de los familiares de las víctimas.

El argumento de los grupos de riesgo es insuficiente.

El Colegio de Magistrados y funcionarios judiciales de la provincia de Buenos Aires reclamó que la liberación de presos de las cárceles bonaerenses ante la pandemia sea «prudente» y pidió que no se le otorgue ese beneficio a homicidas, violadores y autores de delitos graves.

En un comunicado, los jueces admitieron que «las cárceles son potenciales focos de contagio, a una tasa muy alta, por el hacinamiento», aunque la eventual «desprisionalización debe ser muy prudente y no puede incluir a homicidas, violadores ni cualquier condenado o procesado por delitos graves».

Los jueces detallaron que a fines de 2019 se reunieron con autoridades de la Suprema Corte de Justicia Bonaerense para analizar la situación de unas 50 mil personas detenidas en cárceles con apenas 24 mil plazas y que actualmente «la tasa de prisionalización es de un 50 por ciento más elevada que el promedio nacional».

En el comunicado, los magistrados aseguraron que «garantizar los derechos humanos de todos los ciudadanos es una tarea de los magistrados delegada por la sociedad a través de las leyes. Por eso tenemos que intervenir para resolver problemas que no hemos creado».

Los jueces y funcionarios afirmaron que «este es un problema social que excede los ámbitos penitenciarios y judiciales: si se produce un foco allí la demanda de atención también repercutirá en el mismo sistema de salud con el que cuenta el resto de la sociedad».

«Por eso las medidas de descomprensión del sistema son, también, maneras de proteger a la sociedad», concluyen los jueces.

El juez de la Cámara de Casación bonaerense, Víctor Horacio Violini, aceptó durante los últimos días el pedido de más de 2.300 presos y firmó su liberación.

Violini consideró aceptables los argumentos de los 19 defensores generales de la provincia de Buenos Aires, quienes exigieron mediante un habeas corpus la liberación de un grupo de presos considerados “población de riesgo”.

La indignación fue cuando trascendió que Pedro Olmos, de 68 años, acusado de abusar sexualmente de una chica de 13 años, regresó a su domicilio en Burzaco, a menos de cinco kilómetros de la casa de la menor.

El protagonismo del juez Violini, único miembro de la Sala de Casación que integra (es decir, único voto de la misma), comenzó a surgir el 30 de marzo pasado, permitió el uso de celulares para lo detenidos.

Por su parte, los familiares de las víctimas comenzaron una campaña por las redes sociales pidiendo «no los liberen».