“Edesur S.A. ha perdido la capacidad operativa de la concesión en forma intencional”
A través de una ampliación de la denuncia penal que había presentado el ENRE (Nacional Regulador Eléctrico ) contra los integrantes del directorio de la empresa distribuidora de electricidad, se solicitó a la justicia que se les prohíba la salida de país.
La denuncia penal había sido impulsada por el gobierno tras los sucesos ocurridos el día 10 de febrero de 2023, ocasión en la que quedaron sin servicio alrededor de 180 mil personas usuarias.
En los días siguientes sucedieron eventos de baja y media tensión, interrupciones reiteradas y prolongadas del suministro de luz durante varios días con decenas de miles de usuarios afectados.
Walter Martello, interventor del organismo regulador y el abogado Miguel Priolo, firmaron el escrito con la solicitud contra los miembros del directorio de la empresa Edesur S.A.
“Juan Carlos Blanco, Francesco Tutoli, María Alejandra Martínez, Víctor José Díaz Bobillo, Mónica Diskin, Giovanni Zanchetta, Jaime Barba, Alejandro Martínez y Valter Moro a los fines de evitar que los mismos se sustraigan de comparecer a derecho en la presente investigación”.
“Edesur S.A. ha perdido la capacidad operativa de la concesión en forma intencional. Es clara la decisión de sus directivos de abandonar el país, incumpliendo dolosamente sus obligaciones”.
En el escrito se hace mención de la Resolución 307/2023, a través de la cual se dispuso la intervención provisoria de la empresa explicando los motivos.
“El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) ha detectado desvíos y demoras entre la base de reclamos de cortes y la información brindada al ENRE”.
”La Distribuidora incumple en forma recurrente y sistemática con los parámetros de calidad media y, ante eventos de magnitud, los procedimientos operativos de atención de reclamos y reposición de suministros fracasan reiteradamente, denotando déficits de recursos, de planificación operativa y de inversiones”.
“Se observa que en estación pico: verano e invierno la cantidad de cables en media tensión fuera de servicio ha aumentado alarmantemente”.
“Esta situación demuestra que las instalaciones no están siendo reparadas al ritmo de las necesidades del servicio público y se afecta sistemáticamente la calidad de servicio establecida en el Contrato de concesión”.
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