El juez federal Sebastián Casanello le solicitó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado que en 15 días presente una propuesta para darles un rol social a los inmuebles, los campos, las maquinarias y los autos de la familia Báez y de sus empresas.
Primero el pedido había sido hecho en julio pasado a la Secretaría de Vivienda y Hábitat dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas de la Nación pero informó que la Agencia de Administración de Bienes del Estado era quien estaba en mejores condiciones para cumplir la tarea.
El juez Casanello y el fiscal Guillermo Marijuán, entienden que los bienes fueron obtenidos ilícitamente mediante el lavado de dinero por el que Báez tiene dos procesamientos y está preso desde abril en la cárcel federal de Ezeiza.
«El Estado debe pensar herramientas para sanear el daño causado y, para hacerlo eficazmente, la administración de bienes afectados a una medida cautelar no sólo ha de tener en cuenta la conservación –evitar la depreciación, etc.– sino también un posible destino social, siempre y cuando ello sea factible», señaló Casanello.
