El juez federal Ernesto Kreplak trabó embargos por $500.000 millones a las ex autoridades de la ANMAT y el INAME por encubrir irregularidades en laboratorios.
El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, procesó este martes sin prisión preventiva a Nélida Agustina Bisio y a Gabriela Carmen Mantecón Fumadó, ex máximas autoridades de la ANMAT y del INAME, por su responsabilidad en el caso del fentanilo contaminado producido por HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, una tragedia que ya acumula 90 muertes.
La decisión judicial alcanzó a la ex titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y a la ex directora nacional del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME). El magistrado las consideró partícipes necesarias del delito de adulteración de sustancias medicinales, vinculado además a lesiones gravísimas, graves y leves en decenas de pacientes.
Además, el tribunal ordenó un embargo de $500.000 millones para cada una, junto con la inhibición general de bienes. Ambas seguirán en libertad bajo estricta sujeción a proceso, lo que incluye la prohibición de salida del país, la obligación de presentarse una vez por mes ante la Policía Federal y la restricción de contacto con personal de los organismos sanitarios.
El rol del INAME y las demoras
El avance de la investigación judicial desplazó el foco hacia los controles estatales que debían impedir la comercialización de los fármacos. El fallo fue crítico con Gabriela Mantecón Fumadó, a quien acusó de conocer el mal funcionamiento de las plantas y de “cajonear” durante más de cuatro meses los proyectos de sanciones contra los laboratorios.
Según la resolución, la ex funcionaria se apartó de los plazos reglamentarios y omitió emitir las advertencias necesarias. Mientras la clausura de Laboratorios Ramallo se firmó en febrero de 2025, el expediente constata que la prohibición de comercialización para HLB Pharma nunca llegó a concretarse, lo que permitió que los lotes cuestionados siguieran circulando en hospitales.
La responsabilidad en la ANMAT
El procesamiento de Nélida Bisio se basó en su jerarquía institucional y en su pasividad frente a las irregularidades reportadas por sus subordinados. El magistrado recordó que fue la propia ex titular quien firmó recién en mayo de 2025 la disposición que prohibió el lote letal, cuando las víctimas fatales ya se multiplicaban en centros de salud.
La investigación reconstruyó que el 14 de enero de 2025 las autoridades sanitarias acordaron con los empresarios postergar las medidas punitivas para dar margen a correcciones internas. Para la justicia, esa actitud permisiva facilitó la continuidad operativa que derivó en la mayor crisis sanitaria del país.
El expediente contabiliza hasta el momento 134 víctimas directas y 47 querellas constituidas. El millonario embargo fijado por Ernesto Kreplak contempla las futuras indemnizaciones civiles, los peritajes realizados y la dimensión económica del daño provocado por la negligencia institucional.
