Podrá volver del exilio. La impunidad no tiene fronteras.
La fiscalía española anunció el archivo de todas las investigaciones contra el rey emérito Juan Carlos.
Esto abre la puerta a su regreso a España desde Abu Dabi, donde se refugió en 2020 para alejarse de los escándalos.
La fiscalía indicó en un documento que “procede acordar el archivo de las diligencias de investigación” que había abierto ante sospechas del origen de la fortuna de Juan Carlos de Borbón, de 84 años, padre del actual rey Felipe VI.
“La investigación desarrollada no permite ejercitar acción penal alguna contra Juan Carlos de Borbón”, ex jefe de Estado español entre 1975 y 2014, señaló en su comunicado de prensa la fiscalía.
La fiscalía alegó que encontró “diferentes razones” para archivar las investigaciones: “insuficiencia de indicios incriminatorios, la prescripción del delito, la inviolabilidad del Jefe del Estado (mientras fue rey) o la regularización fiscal” que realizó Juan Carlos.
Este archivo, que implica que la fiscalía desiste de presentar una querella ante el Tribunal Supremo de España, se produce luego de una decisión similar de la justicia suiza en diciembre pasado, lo que abre la vía a que pueda regresar el rey emérito a España.
Su abogado en Madrid, Javier Sánchez-Junco, indicó en un comunicado que le trasladará “personalmente en los próximos días” al ex jefe de Estado la decisión de la fiscalía y que comunicará posteriormente las “decisiones que pueda tomar Don Juan Carlos”.
El rey emérito era objeto en España de tres investigaciones de la fiscalía.
La más importante de ellas buscaba determinar, desde diciembre de 2018, si Juan Carlos, de 84 años, cobró comisiones por la adjudicación a dos empresas españolas de un contrato para la construcción de un tren a gran velocidad en Arabia Saudita en 2011.
Una transferencia en 2008 de 100 millones de dólares por parte del rey de Arabia Saudita a una cuenta suiza de la cual Juan Carlos era beneficiario estaba en el centro de esta primera investigación.
Pero la fiscalía concluyó que se trató “de un regalo” recibido por Juan Carlos, lo que podría haber implicado un delito de “cohecho”, pero que en todo caso ya prescribió.
El grueso del dinero fue transferido en 2012 a la consultora empresarial nacida en Dinamarca Corinna Larsen, amante de Juan Carlos entre 2004 y 2009.
Las otras investigaciones se referían al posible uso del rey emérito de tarjetas de crédito vinculadas a cuentas bancarias a nombre de un empresario mexicano y un coronel del Ejército del Aire, mientras que la última buscaba información sobre un posible trust vinculado a Juan Carlos en la isla de Jersey.
Pese a archivar las investigaciones, la fiscalía dijo haber encontrado “cuotas defraudadas a la Hacienda Pública” entre 2008 y 2012
