Justicia sí. Venganza no.
Judas Iscariote fue uno de los doce apóstoles de Jesús. Caminó con él, escuchó sus enseñanzas y compartió su mesa. Sin embargo, lo traicionó en Jerusalén, en la antesala de la crucifixión, entregándolo a las autoridades a cambio de treinta monedas de plata. Lo señaló con un beso en el huerto de Getsemaní. No fue un enemigo el que lo vendió: fue alguien de su propio círculo. Y ese es el dato más brutal de la historia: la traición no vino de afuera, vino de adentro.
Hay algo peor que el silencio: la traición.
Antes de seguir, vale aclarar algo sobre una frase que no acusa, pero interpela. No tiene autor: es un refrán popular que significa que quien se sienta aludido es porque la conducta le encaja. “Al que le quepa el sayo, que se lo ponga”. No señala a nadie en particular, pero cada uno sabe perfectamente lo que hizo y si le corresponde. Cada uno lo sabe en su corazón y conciencia. Ojalá alguno de los judas de Loan tenga el coraje de pedir perdón, públicamente. Y ojalá ese perdón permita que Loan aparezca vivo, sano y salvo.
Sicópatas y sociópatas: los que pagaron la operación no están aún en la causa.
En cada causa compleja aparecen. No fallan nunca. No llevan túnica ni beso ritual, pero cumplen la misma función. Son los Judas modernos. No por treinta monedas de plata, sino por algo todavía más miserable: a costa de la vida humana de un niño de cinco años buscan protagonismo, poder, visibilidad, impunidad o protección. Se convierten en actores de una escenificación mediática, persiguen un lugar en la política, en estructuras de poder o simplemente la fama efímera de un día.
La ciencia los describió con precisión: carecen de empatía, de remordimiento y de culpa. Solo les interesa el poder. Nadie inocente debería sentirse aludido. Y al que le quepa el sayo, que se lo ponga.
En el caso Loan, también están.
Los que desviaron.
Los que mintieron.
Los que especularon.
Los que construyeron relatos en lugar de buscar verdad.
Los que cambiaron el deber por conveniencia.
Los que eligieron quedar bien antes que hacer bien.
Los que actuaron por sus propias “treinta monedas”.
Pero hay algo que no controlan: la verdad.
Y la verdad aunque tarde avanza. Con pruebas, con contradicciones, con evidencias que ya constan en la causa y que serán expuestas en el juicio oral. Incluso alcanza a quienes, aun cumpliendo su dignísimo rol de defensa, saben perfectamente dónde están los límites, y no compran espejitos de colores.
Hoy las “treinta monedas” no suenan.
Se transfieren.
Se negocian.
Se disfrazan de estrategia, de prudencia, de “tiempos procesales”, de una supuesta seriedad institucional.
Pero el resultado es el mismo: se entrega al inocente y se protege al sistema.
Esa es la verdadera lucha que no debe abandonar la sociedad: exigir una justicia eficaz que reconstruya la verdad.
Mientras tanto, los padres señalados como responsables, no víctimas, peregrinan desde aquel 13 de junio. María y José, “casualmente”. Siguen sin comprender cómo un encuentro familiar terminó en esta tragedia, donde hoy quienes integraban ese círculo íntimo y debieron cuidarlo y restituirlo, aparecen como principales señalados.
Calumniados e injuriados, víctimas de intrigas sin sustento, amplificadas irresponsablemente en redes sociales y desde distintos espacios, siguen golpeando puertas buscando a Loan. Esperan respuestas que no llegan.
Como en aquella otra historia, nadie parece tener lugar para recibirlos.
Pero esto no es un relato bíblico.
Es un expediente.
Y la justicia no puede permitirse que más Judas queden impunes.
Porque cuando la verdad se vende y el derecho no se aplica, deja de haber justicia.
Y todo el proceso se convierte en una parodia: el cumplimiento vacío de una obligación formal.
Otra vez: más policías.
Renegando de la posición de privilegio que implica vestir un uniforme y representar a una fuerza donde miles se juegan la vida a diario para salvar vidas, vuelven a aparecer dos nombres que merecen atención: Walter Maciel y Leonardo Daniel Rubio. No por lo que debían hacer, sino por lo que, según la hipótesis acusatoria actualmente sostenida en el proceso, habrían hecho o dejado de hacer.
Walter Maciel. Comisario.
En este estado del proceso, la situación de Walter Adrián Maciel ha quedado jurídicamente delimitada con precisión: iría a juicio oral como partícipe necesario del delito de sustracción de un menor de diez años (art. 146 en función del art. 45 del Código Penal). La Cámara Federal de Corrientes confirmó su procesamiento en esos términos, descartando expresamente su encuadre como autor de encubrimiento agravado y también la imputación por amenazas. Esto no lo beneficiaría en lo sustancial: por el contrario, lo ubicaría dentro del núcleo funcional del hecho, como alguien cuya intervención habría sido indispensable para la consumación del delito. No se lo acusaría de haber actuado con posterioridad, ocultando, sino de haber contribuido de manera necesaria a que la sustracción se concretara y se sostuviera en el tiempo, en un delito que además es de ejecución permanente mientras el menor continúe desaparecido. En términos claros: Maciel no sería un actor periférico ni posterior, sino parte estructural de la hipótesis acusatoria que será debatida en juicio.
La policía de la ciudad.
Leonardo Daniel Rubio.
En este escenario aparecería también la figura de Leonardo Rubio, oficial primero de la Policía de la Ciudad, cuya intervención lejos de aportar claridad habría quedado bajo sospecha dentro de la causa paralela por presunto desvío investigativo. No se le atribuiría el hecho principal, sino algo que puede resultar igualmente grave: haber actuado por fuera de los carriles formales de investigación, interfiriendo en la construcción de la verdad. Según surge del procesamiento, su conducta se encuadraría con el grado de probabilidad propio de esta etapa en hipótesis de entorpecimiento de la investigación, encubrimiento, posible incumplimiento de deberes de funcionario público y participación en maniobras de desvío de líneas investigativas, mediante intervenciones irregulares, circulación de versiones no verificadas y contaminación del proceso informativo.
En este tipo de investigaciones, la irrupción de actores sin competencia funcional ni control jurisdiccional no sería inocua: distorsionaría y desviaría. Y cuando quien interviene es un funcionario policial, el estándar de responsabilidad es mayor. Porque no se trataría solo de lo que hizo, sino de lo que sabía o debía saber que no podía hacer. Y cuando se altera el camino hacia la verdad, lo que se pierde no es solo tiempo: se pondría en riesgo la propia justicia del caso.
Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Con sentencia firme.
Ahora bien, también corresponde decirlo con la misma claridad: esto es un proceso penal en etapa de investigación avanzada, no una sentencia.
Los procesamientos dictados no constituyen condenas, sino juicios de probabilidad, hipótesis sostenidas sobre la base de la prueba reunida hasta el momento, que deberán ser confirmadas o descartadas en el juicio oral, bajo los principios de contradicción, defensa en juicio y debido proceso. Nadie puede ser considerado culpable sin una sentencia firme.
Este señalamiento, entonces, no es una acusación personal ni un adelantamiento de condena, sino una advertencia institucional: cuando llegue el momento, la verdad deberá imponerse con precisión quirúrgica, alcanzando únicamente a quienes resulten efectivamente responsables y excluyendo, sin margen de duda, a cualquier inocente. Porque si algo distingue a la justicia de la venganza es exactamente eso: su capacidad de no equivocarse de destinatario.
CONCLUSIÓN.
Porque en definitiva, este caso ya no es solo un expediente judicial. Es un espejo incómodo. Nos muestra hasta dónde puede degradarse un sistema cuando la verdad deja de ser el objetivo y pasa a ser una variable negociable.
Loan no es solo un niño desaparecido. Es una pregunta abierta que interpela a todos: a la justicia, a la política, a las fuerzas de seguridad y a la sociedad entera. ¿Hasta cuándo vamos a tolerar que la confusión reemplace a la verdad? ¿Hasta cuándo vamos a naturalizar que el poder se proteja a sí mismo mientras una familia sigue esperando?
Porque hay algo que no admite discusión: sin verdad no hay justicia, y sin justicia no hay orden posible.
El juicio oral no será solo un acto procesal. Será una prueba. Una prueba para los jueces, para los fiscales, para las defensas, pero sobre todo para un sistema que tiene la obligación de demostrar que todavía funciona.
Y ahí se verá todo. Lo que se hizo. Lo que no se hizo. Y lo que nunca debió haber pasado.
Porque si también esta vez la verdad se diluye, entonces ya no estaremos frente a un error. Estaremos frente a una decisión.
Y cuando la impunidad deja de ser una excepción y se convierte en regla, lo que desaparece no es solo un niño. Desaparece la justicia.
Alejandro Vecchi – Abogado
