Se trata de la secretaria Gisela Kocsis, quien trabaja en la cartera de Medios y Comunicación.
El peritaje al celular del contratista Matías Tabar, quien remodeló la casa del jefe de Gabinete Manuel Adorni en el country Indio Cuá, condujo a los investigadores a una sospecha una empleada de la Vocería Presidencial habría prestado su nombre para la facturación de una compra de $8.183.303 en ropa de cama y blanquería, en la tienda Rosen The Store.
La trabajadora estatal señalada es Gisela Kocsis, quien cumple funciones en la cartera de Medios y Comunicación desde 2011. Según pudo corroborar Infobae en documentos oficiales, en marzo de 2025 se desempeñaba como secretaria privada en la vocería a cargo de Adorni.
El fiscal que investiga al jefe de los ministros por enriquecimiento ilícito, Gerardo Pollicita, encontró en el celular de Tabar una factura a nombre de Kocsis emitida el 2 de junio de 2025.
Para entonces, Adorni y su familia estaban terminando de refaccionar la casa que compraron en Exaltación de la Cruz, y aún faltaban cuatro meses para formalizar la adquisición de un semipiso en el barrio porteño de Caballito, sobre la calle Miró.
En su declaración testimonial, el contratista reconoció que su vínculo con Adorni trascendió lo estrictamente relacionado con la construcción en la casa de Indio Cua. Se convirtió en una suerte de gestor: todo lo que necesitara el entonces vocero para sus nuevas propiedades se lo encargaba a Tabar, que hacía de intermediario entre los proveedores y el cliente a cambio de un porcentaje.
Los investigadores se preguntan si este también fue el caso con la factura a nombre de Kocsis que encontraron en el iPhone 15 del contratista. La adquisición se hizo en “Rosen The Store”, que según indicaron fuentes del caso es “una de las tiendas más caras” que hay en el rubro y ofrece sábanas, acolchados y otros artículos de alta calidad. Rosen es el nombre comercial de la sociedad anónima “Industria Argentina del Descanso”.
El fiscal pidió a la empresa que aporte, en un plazo de 72 horas, toda la información que tenga vinculada a la operación, pago y entrega de los productos, para esclarecer quién fue el destinatario final de la compra.
El fiscal Pollicita también requirió comprobantes de pago, constancias de acreditación, remitos, comunicaciones comerciales y toda otra documentación relacionada con la factura de los ocho millones de pesos
