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25 de mayo, 2024

México. Un informe oficial establece 3 hipótesis sobre la desaparición de los 43 estudiantes en 2014.

Con presencia de grupos del narcotráfico en las hipótesis.

El Gobierno de México y una fiscalía especializada publicaron las 3 posibles “causales” de la desaparición de 43 estudiantes de una escuela de magisterio de Ayotzinapa, la noche del 26 de septiembre de 2014, en la ciudad de Iguala,

Con presencia de grupos del narcotráfico en las tres hipótesis.

Una de las posibles causales es la “confusión” del grupo narco Guerreros Unidos “respecto a la presunta infiltración de ‘Los Rojos’ (cartel rival) entre los estudiantes de Ayotzinapa, en el contexto de la disputa por la plaza de la región de Iguala”.

Otra variante es “la intención de dar un escarmiento a los estudiantes en un contexto de amenazas por parte del alcalde (de Iguala) José Luis Abarca y Guerreros Unidos”, tras las protestas y destrozos a la sede municipal.

Una tercera hipótesis “el trasiego de drogas y la eventual presencia de drogas, armas o dinero” en alguno de los cinco colectivos en los que los estudiantes viajaban hacia Ciudad de México.

Los estudiantes partieron de la sede de la escuela rural de maestros en el municipio Tixtla, a unos 120 kilómetros de Iguala, y pasaron a esa ciudad a ocupar otro transporte en la terminal de autobuses, donde abordaron el denominado “quinto vehículo” que podría estar cargado con droga traficada hacia EEUU, según investigaciones de la fiscalía.

El texto señala que, “de acuerdo con diversos testimonios, es probable que a los estudiantes se los haya separado en al menos tres grupos y que los llevaran a diferentes lugares para su ejecución y desaparición” en nueve municipios del estado de Guerrero.

El texto oficial revela que existían vínculos entre las autoridades federales, del estado de Guerrero y municipales, incluidos efectivos del Ejército y la desaparecida Policía Federal (ahora reemplazada por una Guardia Nacional militarizada), con los Guerreros Unidos, señalados como responsables de los crímenes.

Según el documento, militares y agentes federales “recibían dinero de Guerreros Unidos, proveían armas y municiones, facilitaban el trasiego de drogas y brindaban protección al grupo delictivo”.

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