La resolución se aprobó durante la sesión con 20 votos a favor y siete en contra -Venezuela, Rusia, Honduras, Eritrea, Cuba, China y Bolivia- y una veintena de abstenciones.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución crítica con Nicaragua en la que, entre otras cosas, se autoriza la creación de un grupo de expertos para investigar presuntos abusos del Gobierno de Daniel Ortega.
“Se continúan haciendo valoraciones instrumentalizadas y derivadas de intereses económicos y políticos de los países imperialistas, cuya única finalidad es afectar la dignidad y soberanía de los pueblos; sin ningún respeto a la identidad, soberanía y desarrollo histórico de cada país”, afirmó la procuradora general de Nicaragua, Wendy Morales.
“No aceptamos ninguna resolución, actualización o reporte sobre los derechos humanos en Nicaragua porque estos carecen de objetividad y están revestidos de un sesgo político e injerencista claramente definido”, agregó.
Cuestionó que el organismo “está lejos” de basar sus informes en la realidad de los derechos humanos en Nicaragua, y los calificó de subjetivos y parcializados hacia sectores minoritarios y de sumisión de las “potencias imperialistas”.
La medida de la ONU establece que durante durante el próximo año, el grupo deberá examinar los presuntos abusos de derechos humanos cometidos por el Gobierno de Ortega.
La resolución se aprobó durante la sesión con 20 votos a favor y siete en contra -Venezuela, Rusia, Honduras, Eritrea, Cuba, China y Bolivia- y una veintena de abstenciones.
Se establecerá un grupo conformado por tres expertos para “emprender investigaciones exhaustivas e independientes de todos los presuntos abusos y violaciones de los Derechos Humanos cometidos en Nicaragua desde abril de 2018”, fecha de inicio de las protestas sociales.
El grupo tendrá un mandato inicial de un año y su misión será similar a la aprobada en 2019 para Venezuela mediante otra resolución del Consejo de Derechos Humanos, por lo que es el segundo mecanismo de investigación de este tipo para países de Latinoamérica.
El texto denuncia además un “retroceso democrático” en Nicaragua a todos los niveles y hace hincapié en las presuntas irregularidades acaecidas en el marco del proceso electoral de 2021, así como en las “detenciones arbitrarias” de dirigentes de la oposición y la presión general sobre la sociedad civil.
Recabará pruebas para “de ser posible”, identificar a los responsables con vistas a que puedan incluso ser juzgados, reza la resolución, en la que se exhorta al Gobierno nicaragüense a colaborar con estas pesquisas y, en general, con Naciones Unidas.
