El Gobierno, la Justicia y la Asamblea Nacional de Nicaragua se unieron en un operativo para liberar y deportar a 222 presos políticos.
Entre ellos religiosos, excandidatos presidenciales, diplomáticos y dirigentes con pasado de altos cargos en el sandinismo, despojarlos de su nacionalidad.
Están inhabilitarlos en forma perpetua para ejercer cargos públicos.
Los enviaron a los a Estados Unidos.
Implicó una decisión judicial, una reforma exprés de la Constitución local en simultáneo y un acuerdo con Washington, para que aceptara recibir a los ahora expresos.
«Se ordena la deportación inmediata y ya efectiva de 222 personas. Dichas personas ya fueron deportadas del país, para lo cual se giraron los oficios respectivos», declaró el juez Octavio Rothschuh, presidente de la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua.
El magistrado agregó que todos fueron privados de sus derechos políticos a perpetuidad, “declarados traidores a la patria y sancionados por diferentes delitos graves e inhabilitados de forma perpetua para ejercer la función pública, así como ejercer cargos de elección popular, quedando suspendidos sus derechos ciudadanos de forma perpetua».
Desde Washington, el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, aseguró que la decisión «abre la puerta al diálogo».
«La liberación de estos individuos, uno de los cuales es ciudadano estadounidense, marca un paso constructivo para abordar los abusos contra los derechos humanos en el país y abre la puerta a más diálogo entre Estados Unidos y Nicaragua sobre temas que preocupan», expresó Blinken en un comunicado.
Los liberados llegaron al aeropuerto de Dulles, en Virginia, cerca de Washington, en un avión “facilitado” por Estados Unidos.
Fueron trasladados luego a hoteles y podrán quedarse en territorio estadounidense 2 años.
TRIBUNA ABIERTA