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La avícola Santa Ana, ubicada en Corrientes, mantuvo una disputa judicial con el Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) debido a un procedimiento por gripe aviar en el que debió destruir unos 360 mil huevos pero logró frenar la matanza de cientos de miles de sus aves.
El pasado 6 de abril, el organismo sanitario estatal detectó un caso positivo de influenza aviar (IA), por lo que dispuso el sacrificio de unas 200.000 gallinas ponedoras, siguiendo los «protocolos internacionales».
Ahora, la segunda muestra tomada a aves de la granja, dispuesta por orden de la Justicia Federal, dio resultado negativo a la presencia de IA, según el estudio que practicó el propio Laboratorio del Senasa, único autorizado en el país para este tipo de pruebas.
La empresa denunció en un comunicado que «el muestreo en rigor nunca se llevó a cabo«. El Senasa dejó un kit que no se hizo, el cual primero lo iba a cumplir la veterinaria del establecimiento y luego uno de los dueños que, al sufrir una descompensación no lo concretó, según su relato.
Avícola Santa Ana fue a la Justicia y logró que el juez Juan Carlos Vallejos, del Juzgado Federal N°1 de Corrientes, detenga la matanza. Sobre la destrucción de los huevos, el Dr, Armando Aquino, abogado de la firma, dijo que «esto se hizo por un capricho del Senasa».
Por otro lado, notificó que la Pyme perdió unos 26 mil dólares, a valor oficial, y aunque se había ofrecido la donación de los huevos a comedores y otros espacios sociales, el organismo lo habría rechazado. La empresa tomó esta decisión por la falta de espacio para acopio pero, acorde al letrado, la réplica del ente fue la de «destruirlos«.
El organismo sanitario difundió un comunicado en el que dio a conocer que el segundo muestreo efectivamente «había dado negativo». También explicaron que «Argentina está atravesando una emergencia de influenza aviar altamente patógena (IAAP)» y que Avícola Santa Ana se halla «en la zona de control sanitario por su cercanía a un brote de IAAP confirmado en la localidad de San Cosme», que se considera «de riesgo».
«El Senasa considera pertinente mantener la interdicción por sospecha del establecimiento al menos hasta cumplidos 14 días desde la primera toma de muestras (4 de abril de 2023) y realizar una tercera toma de muestras para el desarrollo de técnicas tanto moleculares (RT- PCR) como serológicas, lo que fue comunicado a la autoridad judicial«, añadieron.
Esta medida significa que no se pueden sacar productos del establecimiento, por lo que desde la empresa ya advirtieron que por los problemas de depósito, y sin la posibilidad de donarlos, tendrían que repetir la destrucción del alimento.
Sin embargo, acorde a lo informado por una fuente del organismo al medio La Nación, el Senasa «no ordenó destruir los huevos».
El escrito oficial continúa: «Las medidas que realiza el Senasa ante la detección de un caso positivo de IAAP siguen los protocolos internacionales y tienen por objetivo contener la dispersión de la enfermedad para evitar un mal mayor como sería que el virus alcance al resto de la avicultura de Corrientes y otras provincias, como Entre Ríos, que es el principal productor avícola en nuestro país«.
«Como el período de incubación de la IAAP puede ser de hasta 14 días, lo que significa que los síntomas clínicos o mortandades en una granja pueden demorar ese tiempo en aparecer, se dispone el despoblamiento de la granja donde se haya detectado el virus para evitar que circule y se disemine hacia otros lados a través del tránsito de personas o con aves, tanto domésticas como silvestres que tomen contacto«, concluye.
TRIBUNA ABIERTA