26 años después de que el Gobierno de Alberto Fujimori lanzara su política de planificación familiar en Perú, más de 8 mil mujeres que afirman que se las esterilizó sin permiso empezaron la recta final de su lucha por justicia.
Se requerirá de más de 2.000 diligencias en un proceso maratónico, que comenzó el jueves pasado, incluidas las que se tendrán que hacer ante Chile para que se pueda procesar a Fujimori..
Entre las diligencias anunciadas, una que ha generado rechazo, pero que al parecer es ineludible, será la práctica de exámenes médicos invasivos para confirmar que hubo esterilización, incluso en casos que ya se consideran plenamente confirmados.
para las mujeres que iniciaron su lucha en 2001, un año después de la caída del régimen fujimorista, el arranque del juicio es un paso decisivo en su lucha por “verdad, justicia y reparación”.
La política de esterilización masiva fue aplicada en la última parte del Gobierno autoritario de derecha de Fujimori para reducir el número de nacimientos en las clases pobres, en especial entre campesinos quechuahablantes de provincias andinas, aunque también hubo casos en Lima y otras zonas.
Según datos del Ministerio de Salud, de 270.000 a 300.000 mujeres fueron sometidas a esa práctica entre 1996 y 2000. Teóricamente siempre se debía tener autorización, pero los testimonios y las investigaciones dan cuenta de que, en un porcentaje imposible de precisar, el personal médico recurrió a engaños, presiones o simplemente a la fuerza.
TRIBUNA ABIERTA