La Cámara de Diputados convirtió en ley por unanimidad, con 219 votos, el régimen de Protección a las Víctimas de Delitos con derechos y garantías para su asistencia y participación en el proceso penal, con lo que da una “tutela efectiva” a su condición.
La iniciativa original fue impulsada por el Frente Renovador-UNA como respuesta a episodios de violencia como los sufridos por Carolina Píparo quien, embarazada, fue baleada en una salidera bancaria en la ciudad de La Plata, y María Luján Rey, madre de Lucas Menghini, uno de los pasajeros fallecidos en la tragedia ferroviaria de Once.
Una de las novedades del programa para proteger a las víctimas es que se las habilita para ser querellante y se les otorga el derecho a asistir a las declaraciones de los testigos, pedir la revisión de las actuaciones y a recibir asesoramiento legal durante todo el proceso.
La ley dispone la creación de centros de Asistencia y Protección abiertos las 24 horas y da protección especial a personas discapacitadas, menores de edad, mayores de 70 años y también a las que tengan una relación de convivencia, dependencia económica, afectiva o laboral con el agresor.
