Por el polémico alquiler de Andrés.
Todas las propiedades de la Corona gestionadas por el llamado Crown Estate se someterán a una investigación, también aquellas que están cedidas a familiares de Carlos III. Y todo por el polémico alquiler de Andrés.
La investigación no persigue otra cosa que saber si cada una de esas propiedades están reportando a Crown Estate todo lo que deberían. Hay que tener en cuenta que estas propiedades, en las que se incluyen por ejemplo el palacio de Buckingham o el castillo de Windsor, pertenecen al monarca, pero están gestionadas por el Crown Estate, un sistema que creó Jorge III para liberarse de pagar los costos del servicio civil, los costos de defensa, la deuda nacional y sus propias deudas personales.
Los reyes siguientes estuvieron de acuerdo y sigue así en nuestros días. Es algo parecido al Patrimonio Nacional español, pero con algunos matices. Así, los ingresos que generan las propiedades que gestiona el Crown Estate van para este organismo. A cambio, desde él se proporciona a la familia real una fuente estable de ingresos llamada la Subvención Soberana.
Cada ejercicio fiscal arroja que los beneficios que generan todas estas propiedades reales son mucho mayores que los gastos que supone la familia real. Pero, tras salir a la luz las condiciones en las que el expríncipe Andrés se alojaba en el Royal Lodge, ha quedado claro que los ingresos del Crown Estate podrían ser mucho mayores, puesto que el hermano del rey Carlos ha estado viviendo en ese edificio situado en Windsor sin pagar absolutamente nada.
Fue el pasado octubre cuando se anunció que Andrés quedaría despojado de todos sus títulos reales por sus vínculos con la red de pederastia liderada por Jeffrey Epstein y su amistad con el magnate. Asimismo, también se informaba desde la Casa Real que tendría que abandonar Royal Lodge, la casa donde había vivido desde 2003. En total, han sido 22 años, con sus 12 meses. Solo hay que hacer una pequeña cuenta para saber que, por poco que se le hubiera cobrado, hubieran sido miles de libras en beneficios para el Crown Estate. Pero en el contrato de arrendamiento firmado entonces, el precio que se refleja es “un grano de pimienta”, con el matiz de “si se le pide”.
Fue un contrato en el que una de las partes era la mismísima reina Isabel y lo cierto es que pocas pegas se ponían entonces a sus decisiones. Pero claro, las cosas han cambiado muchísimo desde que se firmó y no solo porque la monarca, salvaguarda durante toda su vida de su hijo Andrés, falleciera en 2022.
Los escándalos que lo han rodeado han hecho que sus circunstancias cambien. Y mucho. Por eso, cuando se supo que abandonaría Royal Lodge, que suponía un absoluto chollo para él, los parlamentarios más críticos con la Corona no tardaron en hacer preguntas por vías oficiales. Una de ellas, si Andrés Mounbatten-Windsor había cumplido con sus obligaciones de reparación y mantenimiento de la propiedad sin recurrir al erario público.
Si el Crown Estate había realizado algún trabajo o servicio que sea responsabilidad del inquilino y, de ser así, si había sido financiado por él mismo o los contribuyentes. Y parece que las respuestas proporcionadas por Casa Real han servido al Comité de Cuentas Públicas del Parlamento para iniciar esa investigación de todas las propiedades de Carlos III que gestiona Crown Estate, incluyendo Buckingham y Windsor, así como las que están cedidas a miembros de la familia real.
Se investigará, entre otras cosas, si los acuerdos de alquiler son tan beneficiosos para ellos como para el Estado, además de si los gastos propios del mantenimiento y uso salen de las arcas públicas o del bolsillo de sus inquilinos.
