El pasado diciembre y tras 15 años de espera, al fin la Corte Suprema declaró inconstitucional la organización del Consejo de la Magistratura, ordenada por el poder kirchnerista en 2006 con la ley 26.080.
Es que el principio constitucional de equilibrio entre los representantes de la política, de los jueces y de los abogados, había sido violada: en los hechos, la ley 26.080 daba 8 cargos a la política, tres a los jueces y dos a los abogados. Mas desequilibrado, imposible.
Con prudencia, la Corte otorgó 120 días al Congreso para que dictara una nueva ley que sí cumpliese con el art. 114 de la Constitución, pero no lo hicieron. Ni siquiera el Presidente mandó el tema a las sesiones extraordinarias del verano.
Los abogados, los jueces y los académicos cumplieron con la decisión de la Corte y eligieron a los representantes que debían sumarse a los ya existentes, para completar los 20 miembros que fija la resucitada ley 24.937.
Pero Cristina Kirchner y Sergio Massa no han designado al diputado y al senador que deben sumarse al Consejo, argumentando que no es claro quienes deben ser, pese a que no hay dudas que las minorías a quienes debe darse esos cargos son la UCR y el Pro.
Por eso, la Corte resolvió que el Consejo se integra con todos los que han cumplido su fallo, y puede sesionar con un quórum de 12 miembros, presididos por el Presidente de la Corte, como lo marcan la ley y el fallo.
El mismo día la Corte decisión que la monstruosidad jurídica de un juez federal de Paraná, apellidado Alonso, era inadmisible y que los antecedentes del caso debían remitirse al Consejo de la Magistratura para que decida que merece ese juez.
Hasta aquí, nada especialmente entretenido, si no fuese por la inmediata reacción de la Jefa del Estado, a través de sus voceros habituales, que hasta llegaron a calificar la actuación de la Corte como un alzamiento contra la Constitución.
Absurdo jurídico total, porque la Corte es la cabeza del Poder Judicial, dentro del que se encuentra el Consejo de la Magistratura y además es la última palabra en cualquier cuestión litigiosa que se suscite en la Argentina, incluyendo naturalmente, la constitucionalidad o no de la ley que rige al Consejo de la Magistratura.
Lo ocurrido, dado el entorno de anticonstitucionalidad que impera mientras el kirchnerismo tenga capacidad de daño, es auspicioso: la Corte decidió ejercer en plenitud su poder, como debe ser.
Es impensable que pueda existir el sistema representativo, republicano y federal que consagra el art. 1 de la Constitución, mientras exista un cuestionamiento sistemático a cualquier decisión judicial que disguste al Poder Ejecutivo o, peor aún, al poder kirchnerista.
La manera de terminar con esta irregularidad es doble: por un lado, ya comenzó el 14 de noviembre con la gran derrota del kirchnerismo en las urnas. Por otro lado, es imprescindible que el Poder Judicial y el Poder Legislativo no se sometan mansamente a ningún atropello del Poder Ejecutivo o de quien lo manda, como reconoció el propio Presidente.
Siendo optimistas, estamos al principio del fin del predominio kirchnerista.
Pero estamos lejos de estar a salvo de la partidización del Poder Judicial: con el sistema de la ley nuevamente vigente, la política predomina: los ocho representantes del Congreso, el representante del Ejecutivo y siendo realistas, al menos uno de los académicos, totalizan 10 consejeros a los que se sumarán probablemente al menos res de los cuatro abogados.
¿Porqué? Porque al ser elegidos en distrito único, deben hacer campaña, reunir fiscales y coordinar un territorio inmenso, desde La Quiaca hasta Ushuaia y desde Mendoza hasta Misiones. Eso solo es posible con el apoyo y padrinazgo de un partido político nacional.
En suma: la inconstitucionalidad de la ley 26.080 y la reposición de la ley 24.937 es positiva pero queda un largo camino por recorrer antes de poder decir que nuestro Consejo de la Magistratura cumple con el objetivo de la Constitución.
INVITADO
Dr. Alejandro Fargosi
Jurista
