El jueves 28 de febrero mas de 5.000 personas nos reunimos ante el Consejo de la Magistratura para pedir algo que no debiera ser motivo de ningún reclamo.
Pero la realidad es la realidad, y se hace necesario pedir que se recupere el sentido de la Justicia y que se reconstruya la confiabilidad y eficiencia del Poder Judicial, del que hoy descree el 80% de la gente.
El denominador común en los reclamos de cada uno de los miles que estábamos en el público, concretado en los discursos de Santiago Kovadloff, Diana Cohen Agrest, Daniel Sabsay, Ricardo Monner Sans y Guillermo Lipera, fue que el Poder Judicial debe funcionar como corresponde y a través de él, debe hacerse Justicia con los delincuentes que merezcan sanciones legales.
Lo terrible del actual estado de cosas, es que esos delincuentes no son solo los homicidas, ladrones y corruptos que están en libertad gracias a ese 99% de ineficiencia del sistema penal que ha denunciado el propio Ministerio de Justicia.
Lo terrible es que, como dijo el filósofo Kovadloff, “La Justicia llegará a ser lo que debe ser si se anima a combatir la podredumbre que la amenaza desde adentro, no sólo desde afuera”.
Ya es inocultable que hay jueces que deben no solo ser removidos por juicio político sino además, perseguidos penalmente, como desde hace años dice y hace Ricardo Monner Sans.
El gran problema y el disparador de la marcha de ayer, es que el Consejo de la Magistratura necesita no solo el apoyo sino también la exigencia de actuar con eficiencia y en tiempos acordes con el siglo XXI.
El Poder Judicial, la Corte, el Consejo de la Magistratura y cada tribunal y juez –en ese orden- tienen en sus manos los recursos legales, económicos y organizacionales para ser muchísimo más eficaces y eficientes de lo que son. Solo ellos pueden cambiar al sistema judicial, porque la garantía de independencia que le otorga la Constitución impide que el Ejecutivo o el Legislativo lo avasallen, ni siquiera para ayudarlo.
Entonces, son los jueces y el Consejo los que deben actuar ya, en tiempo útil no en el largo plazo, que ninguno de nosotros podrá ver.
Evidentemente es difícil la tarea de seleccionar candidatos a jueces. Los procedimientos actuales del Consejo son deficientes y los condicionantes políticos, demasiados, a causa de una ley y reglamentos que deben ser cambiados. Pero por mas perfeccionado que sea un sistema selectivo, siempre tendrá un riesgo: cómo se comportará una persona de la que sabemos sus antecedentes pero no sus reacciones futuras.
Lo que no es tan difícil es evaluar jueces por lo que efectivamente han hecho o dejado de hacer: si existen auditorías de los últimos 20 años –logradas por la iniciativa del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y otras organizaciones de la sociedad civil- lo lógico es que sus resultados sean públicos y tengan consecuencias.
Las evidencias de violaciones a las leyes y a los deberes judiciales no deben quedar enterradas en cajones cerrados. No deben quedar impunes.
Las pruebas e indicios actuales de hechos de corrupción deben investigarse rápidamente y en profundidad, sin diluirse en procedimientos larguísimos, que pareciera no buscar la verdad sino el olvido de la opinión pública.
El reclamo fue, es y será que el Consejo de la Magistratura sea eficiente, rápido, justo y activo.
Si no lo fue en estos últimos 20 años, es tiempo de que lo sea.
Invitado
Alejandro Fargosi
