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28 de marzo, 2024

ALEJANDRO FARGOSI. Justicia: Lo que dejó 2018 y lo que vendrá en 2019.

El Poder Judicial está muy mal. Algunos creemos que está colapsado y no mejorará si sus integrantes siguen haciendo lo mismo que siempre.

Hubo algunas pocas señales de mejoría: para empezar, es positivo el espacio que ocupa la Justicia en los medios, aunque por ahora sea para criticarla. Las redes y los multimedios ayudan a quebrar la semioscuridad que fomenta el gatopardismo tribunalicio.

También fueron positivos ciertos avances firmes en causas por corrupción, como la tragedia de Once y fue muy bueno que -en aspectos específicamente técnicos- el Ministerio de Justicia de Germán Garavano haya planteado avances con su Plan de Justicia 2020, cuyos efectos veremos paulatinamente.

Pero no alcanza, porque el gran problema del Poder Judicial es interno y se evidencia desde el último juzgado de 1ª Instancia hasta la Corte Suprema.

Quienes convivimos con este problema somos los más silenciosos, porque los abogados dependemos demasiado de los jueces como hacer lío: puede implicar pérdida de juicios, regulaciones de honorarios peores que las que ya sufrimos y hasta sanciones. Por algo la mayoría se calla o usa el anonimato de las redes.

Digámoslo claro: el grupo integrado por jueces, fiscales, defensores oficiales y funcionarios del sistema judicial es poderosísimo. Con o sin sindicalizarse formalmente, todos comparten un sistema que, si cambia, los perjudicará y por eso muchos se unen para impedirlo. Los buenos defienden a los malos.

Los magistrados y funcionarios tienen suficientes garantías como para ser plenamente independientes: sueldos altísimos, jubilación de casi el 100% móvil, horarios cómodos y hasta ficticios, año sabático, obra social magnífica y una estabilidad absoluta.

Esas garantías están bien sólo con dos condiciones: que el Poder Judicial y el Ministerio Público sean ejemplares y que no tengan privilegios inconstitucionales.

Pero no hay ejemplaridad y sí hay privilegios medievales que ya no tienen ni siquiera las pocas casas reales europeas.

Es inadmisible el privilegio de no pagar Impuesto a las Ganancias porque los jueces decidieron que no quieren hacerlo, olvidando el principio medular de la igualdad plasmada en el art. 16 de la Constitución. Lo extendieron al Ministerio Público y a los funcionarios, complicando así  cualquier solución justa.

Para peor, su estabilidad vitalicia no está condicionada a su buena conducta, como exige el art. 110 de la Carta Magna. Su estabilidad es casi absoluta y salvo excepciones confirmatorias de esa regla, casi nadie fue removido: hasta los peores se jubilaron como príncipes o solo se mudaron de juzgado.

Eso pasa porque es casi imposible que el Consejo de la Magistratura, cada vez más invadido por la política partidista, inicie juicios políticos. En 2018 vimos que un juez podía abandonar impunemente su trabajo sin permiso durante casi dos semanas. Otro juez tuvo vínculos con el aberrante delito de trata de personas -esclavitud sexual- sin otra pena que una leve multa. Otro juez cercano al narcotráfico sigue en su cargo. Podríamos escribir una lista demasiado larga de inconcebible impunidad judicial.

Resumiendo: los jueces pagan impuestos si quieren. Trabajan si quieren. Cumplen las leyes si quieren. Y en sus sentencias deciden lo que quieren, invocando el perverso “interpretativismo” en boga.

La Corte hizo retroactiva una ley penal, convalidó la elección de un Consejero de la Magistratura violando la ley, cambió su reglamento interno por voluntad de los mismos que los usaron durante 15 años… Tampoco hay motivos para tener esperanzas viendo algunas conductas del máximo tribunal.

¿Qué nos espera en 2019? Probablemente poco bueno, porque como hay elecciones presidenciales, el lamentable olfato judicial quizás provoque que las causas políticamente sensibles hibernen a la espera del resultado de octubre.

Seamos realistas: es poco probable que en este año haya buenas noticias desde la Justicia. Si las hay será por azar y no por razones sistémicas, porque el sistema no cambia en sus raíces.

Es lógico: no existe ningún aliciente para actuar correcta y eficazmente cuando igual se gana mucho, se trabaja lo que se quiere, el futuro personal está asegurado y ni siquiera se paga Impuesto a las Ganancias. ¡Y después de jubilarse pueden trabajar como abogados ante los mismos ex – colegas, compañeros de toda su vida!

Muchos miembros del Poder Judicial de la Nación viven, sustancialmente hablando, en otro planeta, infinitamente más fácil y próspero que el que habitamos el resto de los habitantes.

Mientras eso no cambie, ellos no cambiarán. ¿Por qué hacerlo, si les va tan bien?

Hablando en “off” con jueces, fiscales, defensores y funcionarios, constatamos que ni los mejores siquiera imaginan como se trabaja y vive en la actividad privada. Haga el lector la prueba y verá que no exagero.

La solución no la tienen los que hacen las cosas mal, sino los que los dejamos que lo hagan mal: nosotros, nuestra falta de coraje y nuestros errores al votar.

Por Alejandro Fargosi

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