Las causas en las que se investiga a la Sra. Cristina Fernández de Kirchner, familiares, empresarios amigos y algunos ex funcionarios de su gobierno, es una verdadera Caja de Pandora. No dejan de aparecer nuevos elementos, hechos y documentos que confirman aquello que comencé a denunciar en el año 2014.
Eso ya motivó diversas resoluciones en las que fiscales y jueces determinaron la existencia de un entramado de corrupción a través de un circuito económico delictivo para apropiarse de recursos del estado de manera ilegal a los que posteriormente y a través de diferentes transferencias se les disimulaba y alejaba de ese origen pretendiendo darles apariencia de legalidad.
En ningún país de mundo, un ex Presidente podría afirmar (como lo hizo CFK en una entrevista periodística) que es normal que un funcionario de ese nivel tenga negocios particulares con los empresarios contratistas del estado y reciba de ellos pagos millonarios a través de sus sociedades o emprendimientos privados.
Ese era el mecanismo: Lázaro Báez y Cristóbal López fueron beneficiados con las decisiones políticas irregulares de los gobiernos de los Kirchner. Y a su vez, –de manera casi exclusiva- eran quienes devolvían esos favores con pagos abultados realizados a la familia.
O sea, no hay dudas respecto de esta operatoria y de los beneficios económicos que ello reportaba a las personas mencionadas.
La justicia pudo avanzar en esa convicción y, consideró a la Señora de Kirchner como la jefa o líder de la banda o asociación ilícita, por cuanto corresponde considerar su desafuero por parte del Senado de la Nación adonde, según mi criterio, ni siquiera debió haber ingresado.
Bastaba para eso tomar los mismos argumentos que ella (por entonces Presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado) expuso en el año 2002 en oposición al ingreso del senador electo Raúl Romero Feris, por encontrarse procesado (no condenado) por delitos vinculados con el fraude a la administración pública. O sea, por los mismos delitos en los que la Sra.de Kirchner se encuentra hoy imputada o procesada. Manifestó ella en esa oportunidad: “Tampoco se puede soslayar, sería hipócrita hacerlo, las razones políticas y de legitimidad institucional que aconsejan la no incorporación del ciudadano Romero Feris como senador de la Nación. Esta institución ha sido un emblema de deslegitimación política y condena social, por las razones que son de público y notorio conocimiento. Incorporar a un ciudadano con múltiples procesos, todos ellos con motivo del ejercicio de la función pública y ya en uno de ellos con condena -si bien no está firme- agregaría un escándalo difícil de superar y heriría de muerte las posibilidades de reconciliar a la institución con la sociedad. La República necesita no solamente nuevos senadores sino un nuevo Senado”.
Lo cierto es que ni la oposición peronista, ni tampoco el oficialismo Cambiemos, hicieron nada para impedir el ingreso de la senadora electa en octubre. Y tampoco se muestran dispuestos siquiera a discutir un pedido de desafuero. Por momentos hasta aparecen apabullados frente a la verba de la señora bien dispuesta hoy a usar su banca para hostigarlos.
El gobierno de Macri no puso freno a tiempo, pese a tener plena conciencia de que había hecho el gobierno anterior y los indicios que encontraron en los cajones de la corrupción en gran escala. Al contrario, vieron cuánto les era de funcional la candidata en la otra mitad de la pantalla. Y azuzaron esa imagen para excluir competidores y quedar en ese cara a cara que vieron beneficioso para ellos en términos electorales aunque fuera terrible para el país.
Cabe advertir también sobre el enorme valor que en estos tiempos cobra el artículo 36 de la Constitución Nacional párrafo anteúltimo: “Atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos”. Vemos con qué severidad nuestra Carta Magna castiga los delitos de los funcionarios.
No tengo dudas que corresponde el desafuero de la senadora. Es imprescindible empezar a sanear las instituciones en la Argentina. Recuperar incentivos para las buenas prácticas y honestidad en la función pública. Hay que terminar con el pueblo empobrecido y espectador indefenso frente a las riquezas acumuladas por sus representantes públicos. La política debe tener previsibilidad y conductas éticas ejemplares. Eso debe mostrar hoy el Senado de la Nación. Si no hay decisión política hay complicidad.
Por Margarita Stolbizer
Partido GEN
