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martes 23 de abril, 2019
Invitado

PROF. DANIEL SABSAY. Instituciones y provincias.

La calidad institucional es una suerte de índice a través del cual se mide el vigor de un sistema político. La Argentina ha adoptado la forma republicana de gobierno que se plasma a través de una modalidad particular de organización: el Estado de Derecho. Éste para su buen funcionamiento necesita de la puesta en marcha de un sistema institucional complejo que exige el funcionamiento de los controles que contempla la Ley Fundamental. Nuestro país tiene como segundo carácter fundamental la forma federal de Estado, en cuyo seno conviven diferentes niveles de gobierno: la Nación y las provincias. Más allá de esta división sustentada en los beneficios de la descentralización en aras de un mejor  gobierno, en todo el territorio debe imperar lo contemplado en la constitución en todo lo  que hace al funcionamiento de la democracia. Sin embargo, a más de treinta años de instauración de la democracia, en el ámbito nacional no hemos todavía logrado superar la etapa de transición hacia ella y si nos concentramos en el análisis de lo que acontece en el nivel provincial, la realidad imperante allí es francamente decepcionante, ya que en muchas de ellas ni siquiera el proceso de tránsito ha comenzado.

En efecto, en varias provincias la autonomía es entendida y aplicada por sus gobernantes con criterios feudales. Esto es, se reivindica permanentemente  el goce de independencia en aras de instaurar sistemas autoritarios caracterizados por la concentración del poder, la corrupción y la impunidad. El modelo importa la destrucción del principio de separación de los poderes, con lo cual desaparece el ideal del constitucionalismo consistente en la construcción de un  gobierno con un poder limitado que permita el pleno goce de los derechos y garantías de los habitantes.

En este marco es de destacar la situación de La Rioja, allí su gobernador pugna por una nueva reelección a pesar de que la constitución de su provincia se lo impide. En efecto, Casas ha sido Vicegobernador y de manera sucesiva Gobernador. La Constitución riojana impide que una misma persona pueda sucederse en ninguno de los dos cargos, ni tampoco de manera recíproca. La disposición es clara, sin embargo el nombrado forzando el marco jurídico de su provincia ha llamado a una consulta popular para que se ratifique una enmienda constitucional aprobada por la Legislatura un poco antes de la convocatoria. Se han desconocido disposiciones constitucionales que exigen que la consulta sólo pueda tener lugar en la siguiente elección general posterior a ella. La justicia provincial ha sido absolutamente leal al poder ejecutivo y desconociendo su función de control ha rechazado los recursos de impugnación interpuestos por la oposición. La Corte Suprema, pese a las violaciones a la forma de gobierno republicana, ha entendido que se trataba de una cuestión abstracta, ya que los demandantes no pudieron demostrar un daño personal derivado de lo ocurrido. Es de destacar que el poder judicial está poblado de “amigos” del poder, con lo cual se priva del valor justicia a los riojanos. El hartazgo por este estado de cosas se ha manifestado en la baja participación de la población en la consulta, que apenas fue del 45%.

Este deficiente cuadro institucional tiene a su vez su triste reflejo en la realidad socioeconómica de la provincia. En ella se destacan los altos índices de pobreza y de mortandad infantil, el empleo público como fuente de trabajo para más del 80% de los riojanos y un sistema económico de total concentración en manos de personas vinculadas de manera estrecha al régimen.

Hacemos votos para que en esta nueva oportunidad la Corte Suprema de Justicia de la Nación ante otra presentación, anule la consulta que sin lugar a dudas por sus vicios es insanablemente nula.

Invitado
Daniel Sabsay
Profesor Titular de Derecho Constitucional (UBA)I