El miedo a contagiarse de Covid-19 y los problemas económicos y materiales derivados de la cuarentena y las medidas de aislamiento son los grandes focos de preocupación de las personas mayores desde marzo de 2020. La carencia económica a la que está acostumbrado el sector de los jubilados desde hace décadas en nuestro país se ve agravada por la crisis y las restricciones.
Con una canasta básica de $64.039 y una jubilación mínima de $20.500 es lógico que una parte importante de las personas jubiladas necesita completarse el ingreso con otros medios. Eso no es nuevo. Lo que ocurre desde el año pasado es que esos otros medios se reducen cada vez más. Salir a trabajar implica correr el riesgo de contagiarse o simplemente es imposible hacerlo porque el lugar de trabajo está cerrado. La ayuda familiar también se ve reducida o anulada en muchos casos porque muchas familias vieron reducidos sus ingresos desde inicios de la pandemia.
La gran paradoja que presenta la situación es que a lo largo de todo el año
pasado fue el “bienestar de las personas mayores” el principal argumento para
legitimar las medidas de restricción. Sin entrar en el debate de qué tan
adecuadas fueron las medidas adoptadas, lo que vale la pena notar es cómo la
persona mayor, más aún si está jubilada, quedó ubicada en una contradicción, al
pertenecer a uno de los sectores más perjudicados por las medidas que se
tomaron para protegerlo.
Cuando uno se pregunta cuál es la percepción que una persona jubilada tiene de la situación actual es difícil no tener en cuenta esta paradoja. La cual si se la aprecia con perspectiva histórica se ve que no es otra cosa que la renovación y profundización del gran bache que hay siempre entre las palabras y los hechos de las autoridades políticas en nuestro país.
Hay una proporción directa entre el beneficio prometido por las autoridades y el perjuicio efectuado por las medidas, una proporción que el jubilado conoce y carga en su historia. Y a través de la cual percibe su lugar en la sociedad y su relación con las instituciones. Ocurre con las jubilaciones y ocurre con las políticas sanitarias. Ocurre con el escándalo del vacunatorio VIP y los cambios en los órdenes de los grupos de prioridad para recibir la vacuna, que generó que haya psicólogos de cuarenta años que se vacunaran antes que jubilados de ochenta. Y ocurre con cada anuncio de aumentos jubilatorios, los cuales siempre se intentan presentar, mediante cálculos bizantinos y oblicuos, como grandes beneficios y que finalmente terminan mermando cada vez más la economía del jubilado.
Ahora bien, toda esta carga negativa, toda esta desconfianza crónica que el jubilado tiene hacia el Estado, se ve contrarrestada por otra percepción. Cada vez más se sabe que el envejecimiento poblacional es una tendencia global inevitable. Y cada vez más se tiene consciencia de que el jubilado ya no es lo que era. Las condiciones de vida actuales, los adelantos de la ciencia y la medicina y los cambios de hábitos habilitan un goce más pleno de la vida. Una persona de sesenta años ya no es percibida como vieja. La última etapa de la vida puede ser de realización personal e incluso de inicio de nuevos proyectos.
Hay entonces una tensión muy grande entre los deseos y las condiciones económicas, entre la vitalidad y la miseria, que en gran medida define la condición de las personas mayores en nuestra época y en nuestro país. Esa tensión no fue creada por la pandemia pero fue profundizada por ella. Más ganas hay de vivir y más difícil se vuelve el día a día. Es muy probable que en los próximos años vayamos viendo de qué modos se resuelve esa tensión. Cómo nos las arreglamos con nuestros deseos y carencias para salir adelante.
INVITADO
Eugenio Semino
Defensor de la Tercera Edad – Presidente de la Sociedad Iberoamericana de Gerontología y Geriatría (SIGG)
