Un juez de la ciudad Rosario requirió al Servicio Penitenciario Federal y al de Santa Fe “impedir” el acceso a comunicaciones telefónicas en prisión.
Es para 16 detenidos que fueron imputados como miembros de una asociación ilícita narcocriminal, liderada por un joven que cumple una condena de 35 años por homicidio y otros delitos,
El pedido fue formulado por el juez Nicolás Foppiani durante una audiencia en la que imputó con prisión preventiva a Alan Elio Funes, miembro de una familia vinculada al delito en Rosario, y a otras 15 personas, como parte de una banda narcocriminal.
Requirió a la subsecretaria de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia de la Nación, María Laura Garrigós, y al secretario de Asuntos Penales y Penitenciarios del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, Walter Gálvez, que “dispongan las medidas que correspondan a fin de impedir que las personas imputadas obtengan, posean y/o utilicen teléfonos celulares y/o cualquier dispositivo no autorizado de comunicaciones”.
Les pidió “informar dentro del término de 15 días las medidas de seguridad adoptadas a tal efecto”.
La medida responde a que 9 de los 16 imputados como integrantes de la presunta asociación ilícita estaban detenidos al momento de los 11 hechos atribuidos en la nueva acusación.
TRIBUNA ABIERTA