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miércoles 16 de junio, 2021
Policiales

2 jueces al banquillo de los acusados. Sometidos a Jury de Enjuiciamiento.

Fallo vergonzoso por el asesinato de la adolescente Lucía Pérez.

2 de los jueces que en 2018 absolvieron a 3 imputados por el abuso sexual y femicidio de Lucía Pérez, fueron acusados por «negligencia, incumplimiento de los deberes de cargo y parcialidad manifiesta» por la Comisión Bicameral de Procedimiento para el Enjuiciamiento de Magistrados de Buenos Aires.

La adolescente de 16 años asesinada en 2016 en Mar del Plata.

Juan Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 marplatense, quienes son investigados por su fallo de noviembre del 2018 en el que absolvieron a Matías Farías (26), Juan Pablo Offidani (45) y Alejandro Maciel (62).

En agosto de 2020 por el Tribunal de Casación bonaerense, esos dos jueces (el tercero, Aldo Carnevale, renunció para jubilarse) fueron denunciados y se constituyó un jury de enjuiciamiento, tras lo cual se dio traslado a la Procuración y a la Bicameral.

El hecho ocurrió el 8 de octubre de 2016 a las 10.30, cuando Offidani y Farías, quienes vendían drogas a adolescentes cerca de escuelas de Mar del Plata, llevaron a Lucía (16) hasta una vivienda donde abusaron sexualmente de ella, tras lo cual, la trasladaron muerta hasta un centro médico alejado de esa ciudad.

Durante el debate oral, los jueces consideraron que no se pudo probar cuál fue la causa de la muerte de Lucía ni que haya sido abusada, por lo que absolvió a los tres acusados de esos delitos.

Solo condenaron a ocho años de prisión a Farías y a Offidani por «tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de un establecimiento educativo».

En la acusación de la Bicameral, se indicó que «la queja se relaciona con la resolución de libre absolución que beneficiara en el juicio oral a los autores de los delitos, por el gravísimo delito de abuso sexual, con acceso carnal, agravado por haber causado la muerte de la ofendida y habiendo sido favorecido por el suministro de estupefacientes».

«Dan cuenta las denuncias de manera concordante que la niña fue drogada, abusada sexualmente y asesinada, por lo que la sentencia dictada lejos de ajustarse a derecho evidencia una clara arbitrariedad, que deja impune el femicidio, de lo que demuestra con supina claridad la incompetencia e incumplimiento a los deberes del cargo de los juzgadores», señalaron los acusadores.

También consideraron que «se advierte que no existió justificación alguna para negar que en el suceso se hubiera producido un abuso sexual respecto de la menor, con los agravantes ya enunciados».

«Por ello, la falta de establecer la consecuente responsabilidad de los acusados, aun reconociendo que Lucía murió en la casa, ello ocurrió mientras mantenía relaciones sexuales, debido a la asfixia tóxica producida por el consumo de cocaína que le proporcionaron y por la posesión por la que fueron condenados», continuaron.

Para la Bicameral «debió contemplarse que la dependencia le impedía a la niña dirigir su voluntad» y recordó que «se consignó en la sentencia que hasta cambiaba droga por sexo, que no podía ser fácilmente sometida y que no existió una relación de subordinación por mantener relaciones no consentidas».

Según la acusación, los jueces «negaron una situación de vulnerabilidad dentro del contexto de género y que fuera cosificada para satisfacer sus deseos».