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jueves 26 de noviembre, 2020
Policiales

CASO POR CASO. Así dispuso la Corte bonaerense para tratar las prisiones domiciliarias.

Cuestionó el fallo colectivo dictado por Casación.

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires revocó en forma parcial el hábeas corpus colectivo del Tribunal de Casación que habilitó las prisiones domiciliarias a presos encuadrados en el grupo de riesgo frente al coronavirus y dispuso que esos beneficios deben ser analizados caso por caso.

La medida, adoptada por unanimidad por los ministros Daniel Fernando Soria, Luis Esteban Genoud, Eduardo Julio Pettigiani, Hilda Kogan, Sergio Gabriel Torres y Eduardo Néstor de Lázzari cuestionó el carácter colectivo otorgado por el fallo del titular de Casación, Víctor Violini, en abril pasado.

El máximo tribunal de justicia de la provincia dispuso que la situación de cada detenido sea «reencausada» para que la analice el juez competente, teniendo en cuenta una serie de pautas que fijó en su resolución.

La Corte afirmó que «la mera remisión a la clasificación de delitos leves y graves empleada para otorgar medidas alternativas carece de base legal» y agregó que lo resuelto «debe ser revisado porque persigue algo inmediato y masivo que interfiere contra el necesario actuar de los jueces competentes».

Se estableció en la resolución «son los órganos judiciales competentes los que deben revisar y evaluar las peticiones deducidas por los procesados o condenados a su disposición mediante un juicio debidamente motivado, considerando los derechos de las víctimas y en función de una serie de directrices orientadoras relativas a los grupos de mayor riesgo ante Covid-19».

Se debe tener en cuenta: los bienes jurídicos afectados, las condiciones personales del procesado o condenado, el grado de intervención asignada al procesado o condenado por el delito, y las modalidades de la comisión del delito (forma en que se afectó el bien jurídico, medios empleados y las particulares relaciones con las víctimas).

Los jueces deberán atender a la situación de la víctima al momento de la decisión y su relación con el domicilio del procesado o condenado.

Los ministros pidieron evaluar la posibilidad de alojar al detenido en lugares especialmente destinados por el sistema carcelario para personas en riesgo sanitario agravado.

La Corte añadió que el análisis de cada causa «debe efectuarse sin descuidar el enfoque sobre la situación de la víctima, en especial, su vulnerabilidad, por ejemplo, en casos de violencia familiar o de género o agresión sexual».