Los fiscales que investigan la muerte de Diego Maradona, ocurrida en 2020 en Tigre, pidieron que los 8 profesionales de la salud imputados vayan a juicio oral como presuntos responsables de un «homicidio simple con dolo eventual».
Consideraron que sus «omisiones» y «desmanejos» colocaron a la víctima en una «situación de desamparo» y librándola «a su suerte» en el marco de una internación domiciliaria «indignante».
El requerimiento fue presentado por los fiscales generales adjuntos de San Isidro, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, y la fiscal de Benavídez, Laura Capra, ante el juez de Garantías 2 de ese departamento judicial, Orlando Díaz.
«Cuando en rigor los controles debieron intensificarse en un desenlace para nada fortuito, a la inversa y mientras la víctima anunciaba casi a gritos su triste final por la situación de desamparado en la que lo había colocado abandonándolo a su suerte, decidieron, todos ellos, aportar toda su imprevisión con las acciones más burdas que se han visto al servicio de quien ahora ya no está», señalaron los fiscales en su pedido de 378 páginas.
«Esa y no fue otra la realidad de lo ocurrido. Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio», remarcaron.
Este requerimiento incluye a el neurocirujano y por entonces médico de cabecera del «10», Leopoldo Luciano Luque (40); la psiquiatra Agustina Cosachov (36); el psicólogo Carlos Ángel «Charly» Díaz (30); la médica coordinadora de la prepaga Swiss Medical, Nancy Edith Forlini (53); el coordinador de enfermeros Mariano Ariel Perroni (41), los enfermeros Ricardo Omar Almirón (38) y Dahiana Gisela Madrid (37); y el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna (49).
El equipo fiscal especialmente creado para esta causa por el fiscal general de San Isidro, John Broyad, los acusa como coautores de un «homicidio simple con dolo eventual», tras concluir que el equipo médico de Maradona fue «deficiente», «temerario» e «indiferente», que sabía que el «10» podía morirse en el estado en el que se encontraba y que no hizo nada para evitarlo.
El delito tiene una pena en expectativa de 8 a 25 años de prisión.
«La omisiones de actos específicos que debían ejecutar y aquellos contrarios al arte de salud colocaron a la víctima en una situación de desamparo pocas veces vista librándolo a su suerte», afirmaron los fiscales.
También hicieron hincapié en que los imputados «fueron protagonistas de una internación domiciliaria sin precedentes, plenamente deficiente y temeraria»; y que cometieron un «conjunto de improvisaciones; desmanejos y falencias».
«La internación domiciliaria misma, mientras duró, fue indignante», consideraron.
TRIBUNA ABIERTA