Decisión de la Cámara Federal de Casación.
La Cámara Federal de Casación ordenó juzgar a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, en la causa por la firma del Memorándum con Irán.
La decisión se tomó al mismo tiempo en que se ordenó abrir también el caso Hotesur-Los Sauces. El fallo fue firmado por los jueces de la Sala I de Casación, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone
“Ante la excepcionalidad de la solución prevista en la norma antes citada y teniendo en consideración que, una vez elevada la causa a juicio, el debate oral y público es el ámbito natural de discusión donde tratar las cuestiones de hecho y prueba, cabe concluir que la decisión recurrida se ha sustentado en afirmaciones dogmáticas acerca de la verificación en el caso de las exigencias contenidas en el art. 361 del CPPN y la pretensión de agotar el examen acerca de la responsabilidad penal de las personas acusadas en esa etapa intermedia contradice, no solo las reglas de la sana crítica, sino del debido proceso y desnaturaliza la instancia en la que se encuentra la causa”, se sostuvo en el fallo.
“Los defectos de fundamentación en que incurrió el tribunal a quo afectan la garantía constitucional de defensa en juicio que asiste a los recurrentes y, de conformidad con el estándar de arbitrariedad definido por la CSJN ), justifican la invalidación de la resolución recurrida”, se añadió.
Un tribunal oral había dictado el sobreseimiento de Cristina Kirchner y el resto de los acusados en esos dos expediente. Pero la DAIA y familiares de las víctimas del atentado a la AMIA apelaron: reclamaron que se haga el juicio oral. Las defensas se opusieron. Eso es lo que se debatía desde hace más de un año en Casación, con la ahora jubilada jueza Ana María Figueroa, que cumplió 75 años el 9 de agosto y fue cesada en sus funciones por la Corte Suprema.
La decisión recae sobre Cristina Fernández, Eduardo Antonio Zuain, Carlos Alberto Zannini, Oscar Isidro Parrilli, Angelina María Esther Abbona, Juan Martín Mena, Andrés Larroque, Luis Ángel D´Elía, Fernando Esteche, Jorge Alejandro Khalil y Ramón Héctor Allan Bogado.
El tribunal que interviene en “Los Sauces”, una de las causas que involucra a Cristina Kirchner
La causa se inició en enero de 2015 con la denuncia que presentó el fiscal Alberto Nisman.
Sostuvo que con la firma del memorándum entre Argentina e Irán se buscó encubrir a los acusados del atentado a la AMIA porque hacía caer las alertas rojas de Interpol de detención que pesaban sobre ellos.
El objetivo del acuerdo era destrabar la causa judicial que no avanzaba porque Irán no extraditaba a los imputados del hecho por la justicia argentina. El memorándum establecía que Nisman y el juez del caso, en ese entonces Rodolfo Canicoba Corral, podían viajar a Irán para indagar a los acusados. También creaba una comisión de la verdad, con juristas de ambos países, para intentar esclarecer el hecho.
Cuatro días después de que presentó la denuncia, Nisman fue encontrado muerto en su departamento de Puerto Madero con un tiro en la cabeza.
El juez federal Daniel Rafecas desestimó la denuncia. Pero luego la Cámara Federal de Casación Penal la reabrió, apartó al magistrado y la causa quedó a cargo del juez Claudio Bonadio, que en marzo del 2018 envió el caso a juicio oral con 12 acusados.
Por otra parte, la causa “Los Sauces-Hotesur” tiene 27 acusados dijo la Cámara Federal de Casación Penal dijo que tienen que ser juzgados en un juicio oral. Encabezados por Cristina Kirchner, los imputados son parte de la familia de la Vicepresidenta -como su hijo Máximo-, allegados directos, ex funcionarios y privados que participaron de lo que la Justicia calificó como “un esquema de reciclaje de fondos de origen ilícito”.
Florencia Kirchner no forma parte de la decisión de Casación. “Al momento de ingresar Florencia Kirchner a la sociedad comercial, ésta ya estaba operativa, con su progenitora Cristina Fernández de Kirchner y su hermano mayor Máximo Kirchner, desde hacía ocho años”, dijeron
Lo que se investiga en el caso es si a través de las sociedades “Los Sauces” y “Hotesur” se canalizaron fondos del estado nacional de manera ilegal. Puntualmente, a través de contratos de alquileres. Las dos empresas fueron creadas por Néstor y Cristina Kirchner y de sus directorios formaban parte sus hijos, Máximo y Florencia. “Hotesur” era la compañía propiedad de hoteles de los Kirchner como “Alto Calafate” o “Las Dunas” que administraba el empresario Lázaro Báez a través de su empresa “Valle Mitre”.
Báez fue el mayor empresario de la obra pública en Santa Cruz beneficiado por los Kirchner. De hecho, en diciembre pasado tanto él como la actual vicepresidenta fueron condenados por el Tribunal Oral Federal 2 por esas irregularidades. La hipótesis es que la plata que Báez recibió del estado nacional y no inyectó a las obras públicas que le habían sido asignadas las derivó a los Kirchner en esos alquileres.
